Las primeras viviendas municipales de emergencia social del Concello de Baiona estarán disponibles en los próximos días para los vecinos que se hayan quedado sin hogar. Son los dos viejos pisos de maestros de Sabarís que el Ayuntamiento ha rehabilitado para ofrecer un techo a ciudadanos que no dispongan de recursos para acceder a un techo de manera urgente.
La ordenanza que regulará su uso entrará en vigor este viernes, día en que está previsto que la Corporación la apruebe de forma definitiva tras permanecer un mes expuesta al público sin que se registrase ninguna alegación.
El uso de los pisos será siempre temporal. Según la ordenanza, el Concello permitirá utilizarlos durante un máximo de 6 meses prorrogables otros 3 en caso de necesidad.
Los demandantes deberán solicitar el acceso a estas viviendas a través del departamento municipal de Servicios Sociais, que será siempre el encargado de valorar cada situación. Los candidatos a estos pisos deberán justificar su necesidad de cobijo. Según la normativa, podrán acceder aquellos vecinos empadronados que hayan sufrido un siniestro grave en su vivienda como un incendio o una inundación, un desahucio, relaciones familiares insostenibles por la existencia de malos tratos físicos o psíquicos o aquellos a los que se les haya declarado la ruina inminente de su casa.
En cuanto entren a vivir en cualquiera de los dos pisos, los inquilinos deberán hacerse cargo de los gastos de comunidad o las facturas de agua, consumo eléctrico o servicio de recogida de basura. Asumirán, asimismo, el coste de cualquier reparación por daños ocasionados durante su estancia, tal y como establece la ordenanza, que prohíbe asimismo la cesión o alquiler de estas viviendas a terceros.
Los pisos, de 80 metros cuadrados, se ubican en el edificio residencial de uso docente junto al mercado de abastos de Sabarís, construido en 1968. El Concello se hizo con la titularidad de las dos viviendas en 2018 tras solicitar la desafectación a la Consellería de Educación. El anterior gobierno municipal del PP proyectaba ocuparlas a través de alquileres sociales pero el tripartito ha modificado su destino final para “garantizar un techo de manera provisional en situaciones de emergencia”, explica el alcalde, Carlos Gómez.
La reforma arrancó en noviembre de 2019 por importe de 99.872 euros. El Concello recibió una subvención de 80.000 euros del Instituto Galego da Vivenda e do Solo para llevarla a cabo. Las obras iniciales finalizaron en apenas tres meses, pero el Ayuntamiento tuvo que asumir nuevas reparaciones por daños causados por inundaciones en el interior.
