La Fiscalía ha decretado el archivo de la denuncia presentada por la Asociación Ponteareas Saludable para intentar frenar la construcción de una caldera de biomasa en el centro de la villa. El colectivo, que también mostró su oposición a pie de calle en varias caceroladas, interpuso una denuncia en octubre de 2020 contra el alcalde Xosé Represas, la junta de gobierno, el secretario y la interventora municipal y la mesa de contratación de la obra por un presunto delito de prevaricación y usurpación de bienes e inmuebles. La asociación alego que los terrenos donde se construye la red de calor de biomasa no pertenecen al Concello, no obstante, el fiscal jefe del área de Vigo, en su decreto de archivo del pasado 22 de febrero, descarta tanto la prevaricación como la usurpación.
Previamente al archivo de la denuncia, el Ministerio Fiscal solicitó toda la documentación existente al Concello. De acuerdo con los datos disponibles, los terrenos fueron transferidos por su propietaria a una fundación benéfica creada en 1967, que debía ser gestionada conjuntamente por el Ayuntamiento y los superiores de las dos órdenes religiosas existentes en aquel momento en Ponteareas.
Desde el Concello explican que nunca se llegó a aprobar un reglamento sobre el funcionamiento de dicha fundación, ni los estatutos se adaptaron a la normativa vigente, ni consta la presentación de las cuantas anuales. “Durante más de 50 años la fundación no existió en la práctica”, destaca el gobierno local.
Cesión a la Xunta con vuelta
Entre los años 1978 y 1983, bajo la Alcaldía de José Castro, se iniciaron dos expedientes de expropiación para adquirir los terrenos, sin embargo, no se llegó a formalizar la expropiación y Castro cedió directamente los terrenos a la Xunta para destinarlos a Centro de Servicios Sociales y a los edificios de la Residencia de Mayores y Centro de Día, recuerdan desde el Concello de Ponteareas.
“En el año 1997, todavía bajo el gobierno de José Castro, la Xunta transfirió al Concello los edificios construidos sobre los terrenos. Según un informe del secretario municipal, los terrenos, al llevar más de 30 años siendo utilizados por el Concello de forma pública, ininterrumpida y sin oposición, podrían ser adquiridos formalmente por la Administración municipal”, explica el gobierno local, sorprendido porque, 50 años después, “algunos reclamen unos presuntos derechos de una fundación formada por el propio Concello y una orden religiosa”.
El bipartito BNG-PSOE, muestra su satisfacción por la decisión de la Fiscalía que “corrobora que nuestra actuación fue legal y correcta”. Asimismo, recuerda que “los detractores de la caldera de biomasa recurrieron a la manipulación y al alarmismo, llamando central térmica a una caldera y anunciando que se instalarían cuatro grandes chimeneas de 4,5 metros de diámetro”. “A día de hoy, la chimenea está instalada y cualquiera puede comprobar que es equivalente a una salida de gases de un restaurante”, concluye el gobierno local.
