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Baiona lidera la guerra al furtivismo en los juzgados gallegos con 5 procesos abiertos

La colaboración entre guardapescas de la Cofradía y Guardia Civil ha logrado llevar a los tribunales a tres percebeiros ilegales y quedan otros tantos pendientes de juicio

Selección de percebe en la lonja de Baiona. | // JOSE LORES

Este año se cumplen seis desde que el furtivismo pasó de ser infracción administrativa a delito y apenas unos pocos mariscadores ilegales han sido juzgados en Galicia,la gran mayoría en la costa norte. La Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona ha decidido echar mano del Código Penal para poner freno a uno de sus mayores problemas y se ha convertido en el principal azote de los percebeiros irregulares en la comunidad. Son seis los procesados por delitos de daños a la fauna en su territorio gracias a la colaboración de los guardapescas del pósito y del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán. Tres ya han pasado por los tribunales y han salido condenados, el último ayer mismo, y otros tantos están pendientes de juicio.

"Las multas administrativas son una broma para los furtivos", afirma la patrona mayor

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“Las multas administrativas son una broma para ellos. Se declaran insolventes y no las pagan. Acumulan cientos de miles de euros en sanciones y siguen en el mar”, explicaba ayer la patrona mayor, Susana González, a las puertas de los Juzgados de Vigo. Más de 130 familias viven del percebe en Baiona y, en tiempos de crisis como el actual en los que descienden las ventas por las restricciones a la hostelería, tampoco se libran del furtivismo. “Nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para proteger nuestro modo de vida y la seguridad de nuestros vigilantes”, recalcaba.

Habituales de la extracción ilegal

Los seis individuos que llevan ante los jueces son habituales de la extracción ilegal de percebe, viejos conocidos de los guardapescas, de los guardias civiles de la zona y los guardacostas de la Xunta. De ahí el apoyo que desde el cuartel baionés se presta a los vigilantes de la Cofradía para llegar hasta el final. Los procesos empiezan con los partes que entregan los guardapescas. A partir de las repetidas incautaciones de percebe, los agentes observan la reincidencia y remiten las diligencias al juzgado, la Fiscalía interviene de oficio y se abren los procesos por delitos continuados contra la fauna.

El primero de Baiona y de toda la Ría de Vigo acabó en vista de conformidad el pasado 19 de enero en el Juzgado de lo Penal Número 1. Un vigués y un baionés fueron citados para el juicio por un delito continuado de daños a la fauna tras intervenírseles 299 kilos de percebe ilegal en solo un año. Se declararon culpables y aceptaron una condena de 15 meses de cárcel –aunque se librarán de entrar en prisión si no delinquen en dos años– y de cerca de 10.000 euros entre multas e indemnizaciones a la Cofradía. La violencia en este caso resultó un agravante y a uno de los acusados se le atribuyó además otro delito de daños por los destrozos causados a la furgoneta del pósito hasta en tres ocasiones, con la correspondiente multa de 900 euros y la compensación a la aseguradora de 1.577.

Condenado un percebeiro ilegal a pagar 4.700 euros a la Cofradía

El segundo procedimiento de los que ha puesto en marcha la Cofradía baionesa para luchar contra el furtivismo finalizó ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2 . El tercer condenado por furtivismo de la Ría de Vigo deberá compensar al pósito baionés con 4.709 euros por esquilmar el percebe de la costa miñorana durante los últimos cuatro años, período en el que se le incautaron 210 kilos y diversas herramientas. Así lo decretó la titular de la sala tras declararse el acusado culpable de un delito continuado contra la fauna.

La vista fijada para ayer no llegó a celebrarse finalmente al aceptar el percebeiro ilegal la condena propuesta por la Fiscalía, que rebajó su petición inicial de 8.000 euros de multa. Se acordó asimismo el decomiso de los efectos intervenidos en diversas ocasiones por los guardapescas de la Cofradía y la inhabilitación del acusado para pescar o mariscar y durante dos años.

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