La polémica por las multas que entre junio de 2019 y marzo de 2020 impusieron los auxiliares de la Policía Local de Soutomaior sigue, a pesar de que el gobierno local quiso zanjarla en el pleno extraordinario que pidió el BNG por este asunto, al asegurar que la gestión de las sanciones fue “correcta”.
Una semana después de aquella sesión, el grupo de la oposición esgrime un informe emitido por el ORAL –el organismo provincial encargado de la gestión de tributos y multas– que “demuestra que la totalidad de las sanciones impuestas por auxiliares en ese periodo son ilegales”. Por ello, el grupo nacionalista acusa al concejal de Seguridad y Tráfico, Fernando Crespo, y al propio alcalde Agustín Reguera (PP) de “mentir en el pleno municipal”.
El informe del ente recaudador provincial detalla que en los ocho meses del periodo cuestionado se tramitaron en Soutomaior un total de 176 expedientes sancionadores, “en los que constan como denunciantes agentes de la Policía Local”. Sin embargo, el BNG asegura que “en los meses señalados no existía ningún agente de policía en Soutomaior” sino que solo había auxiliares. Y el propio ORAL deja claro que “la aplicación solo se puede utilizar para grabar denuncias de agentes y no de auxiliares”, destacando que “continuará estimando la integridad de las alegaciones y recursos en las que se demuestre que la realidad de los justificantes de las denuncias en papel no coincida con las grabaciones efectuadas”.
El concejal del BNG y diputado en el Parlamento Manu Lourenzo sostiene que “este informe no hace más que demostrar el deterioro y la falta de respeto a los vecinos de este gobierno” , al entender que hay “indefensión” de los afectados por las multas en ese periodo.
Para Lourenzo, la tramitación de sanciones por parte de auxiliares es un “marronazo” para el gobierno de Soutomaior porque “no se ajusta al procedimiento” y advierte de que está en marcha una investigación de la Fiscalía por este asunto.
