El gobierno local de Soutomaior quiso zanjar ayer la polémica sobre la gestión de las multas de la Policía Local al calificar de “correcta” la tramitación de las sanciones, pese a denuncia del grupo municipal del BNG por una presunta irregularidad que podría anular las infracciones impuestas en seis meses.
El asunto se abordó ayer durante un pleno extraordinario celebrado de forma telemática, en el que tanto el gobierno local como la intervención municipal certificaron la adecuada tramitación de las multas cursadas por la Policía Local en los últimos meses.
El principal motivo de discordia era la capacidad de los auxiliares de Policía para emitir denuncias. Una cuestión que fue aclarada por el concejal de Seguridad, Fernando Crespo, al aportar diversas sentencias judiciales que refrendan el procedimiento seguido por el Concello estipulando que cuando un auxiliar de policía realiza tareas de apoyo, la única diferencia con un agente durante una denuncia es que el auxiliar no goza del principio de credibilidad propio de las fuerzas de orden público. “Por lo que tiene que aportar una prueba de veracidad de la infracción denunciada. Por ejemplo, una foto si hay un coche mal aparcado”, explicó Crespo.
En este sentido, el edil atribuyó las declaraciones del portavoz del BNG, Diego Moreira, a un “desconocimiento” de la norma. “Si cualquier persona puede realizar una denuncia aportando la prueba de una infracción, solo faltaría que un Policía Local, aunque sea auxiliar, no pudiera hacerlo. Sería absurdo”, indicó Crespo, que acusó a la oposición de “jugar con el lenguaje para confundir a los vecinos: denunciar no es sancionar”.
Del mismo modo, el edil aclaró la discrepancia sobre el número de los agentes que tramitaban las denuncias indicando que “el problema es que el programa informático para el volcado de datos no estaba adaptado para los números de los auxiliares y no cabía la identificación completa, por lo que también se identificaba al auxiliar denunciante en el boletín y en toda la información que se enviaba”. Una acción que –según dijo– se realizó “coordinadamente con el ORAL y con total transparencia”. En este sentido recalcó que añadió que este problema “ya está solucionado hace tiempo con la incorporación de las nuevas PDAs entregadas a la Policía Local”.
Vía judicial
Por su parte, el BNG insistió en que se incumplieron los trámites legales exigidos, ya que durante seis meses en los que no había Policía Local, solo auxiliares, las sanciones fueron presuntamente instruidas con un número de un agente que se encontraba en excedencia y también denuncian que se pusieran multas en horarios en los que no había policía de servicio, entre otras irregularidades. El portavoz del BNG, Manu Lourenzo, solicitó que el Concello pusiera la documentación sobre estas presuntas irregularidades a disposición de la Fiscalía y del Juzgado, algo que rechazó el alcalde, Agustín Reguera, excusándose en que ya había una investigación abierta.
