El primer proceso penal por furtivismo de la ría de Vigo finalizó ayer sin que ninguno de los dos acusados vaya a entrar en prisión de momento. Los dos percebeiros ilegales denunciados por la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona tras años arrasando las rocas miñoranas fueron condenados a 15 meses de cárcel, pero la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo les suspendió el ingreso en un centro penitenciario a condición de que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años y se hagan cargo de las sanciones económicas correspondientes: cerca de 10.000 euros entre multas e indemnizaciones.
El vigués O.M.P. y el baionés P. G.A. se declararon culpables y aceptaron la condena propuesta por un delito continuado de dañosa la fauna, en este caso por marisqueo ilegal, para evitar el juicio. A la pena de cárcel suspendida por furtivismo suman otros tres años de inhabilitación para mariscar o pescar, además de una indemnización de 7.475 euros en concepto de responsabilidad civil.
La condena rebaja la solicitada inicialmente por la Fiscalía, de dos años y tres meses de prisión y 7.200 euros de multa. El ministerio público formuló acusación tras finalizar una instrucción judicial que arrancó a mediados de 2019 con la denuncia de la Cofradía ante la Guardia Civil. Tras incautarle los guardapescas un total de 299 kilos de percebe en solo un año, la dirección del pósito decidió echar mano de la herramienta legal que la reforma del Código Penal de 2015 al tipificar como delito el furtivismo. Hasta entonces, las infracciones por marisqueo ilegal eran solo administrativas y acababan en multas que ni llegaban a pagar los habituales de la extracción ilegal de percebe al declararse insolventes.
De aquella denuncia surgió la “Operación Rasqueta” de la Guardia Civil, que detuvo al principal acusado en septiembre de 2019 con 28 kilos de percebe. Tras meses de pesquisas, la investigación llegó a la conclusión, como reflejaba el escrito de acusación del fiscal, de que O.M.P. extrae percebe desde hace años en zonas vedadas y no vedadas y sin discriminación de tallas. Que lo hace con mayor intensidad desde diciembre de 2018, cuando comienza a ayudarle P.G.A., colaborador necesario, con vigilancia para alertarlo vía telefónica de que fondease los percebes para recogerlos después. Señala además la acusación pública que ambos operan a diario, de día y de noche, mientras que los percebeiros legales de la Cofradía solo pueden faenar una docena de días al mes con un tope de 3 kilos diarios.
Al principal acusado se le atribuye también un delito de daños por los destrozos causados hasta en tres ocasiones a los vehículos de la Cofradía por los que deberá pagar una multa de 900 euros además de indemnizar a la aseguradora de los coches con 1.577 euros.
La Cofradía espera ya otro juicio y amenaza con más denuncias para proteger el marisco
Con un sabor agridulce se marcharon de los juzgados ayer tanto la patrona mayor de la Cofradía de Baiona, Susana González, como los seis guardapescas citados. La satisfacción de “dar un paso adelante y conseguir una sentencia penal contra una lacra que ataca nuestro modo de vida” quedaba diluida en parte al suspender la jueza la entrada en prisión de los condenados. Eso sí, la dirigente avisa de que “estaremos muy atentos y si volvemos a cogerlos volveremos a presentar denuncia para que entren en prisión si es necesario”. El reconocimiento del furtivismo delito ha abierto una nueva etapa en la Cofradía baionesa. El cabildo está decidido a tomar medidas judiciales. Está ya pendiente de otro juicio contra otro furtivo habitual denunciado y ha conseguido una orden de alejamiento de la costa para otro. “Vamos a actuar así a partir de ahora. La herramientas que la ley pone en nuestras manos para proteger los intereses de la Cofradía y de los asociados son estas y las vamos a utilizar”, concluye la patrona.
