Tomiño aprobó esta semana en pleno sus presupuestos para 2021, los cuales ascienden a 7.725.000 euros, un 5% más que los de 2019 y ligeramente superiores que los de 2020. En estas cuentas destaca, sobre todo, el aumento de la partida destinada a servicios sociales, que pasa de 940.000 euros a casi 1.150.000 euros, es decir, un 23% más que el año pasado. Además, se duplican las ayudas destinadas al mantenimiento y mejora de los sistemas de traída de aguas, que pasan de los 50.000 a los 100.000 euros, y se congela el impuesto de tasas.

El pleno también sometió a votación la propuesta de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello de Tomiño con el objetivo de crear dos nuevas plazas necesarias para el funcionamiento del Ayuntamiento: una plaza de técnico de gestión en el departamento de Secretaría y otra de técnico de Medio Ambiente.

Otros asuntos a tratar por la Corporación fueron las mociones presentadas por los diferentes grupos, como la respaldada por la plataforma SOS Sanidade Pública, en la que denuncian la situación en la que se encuentra la Atención Primaria, con demoras y masificaciones de la asistencia como consecuencia de los recortes presupuestarios.

Desde la plataforma instan a la Consellería de Sanidade a implantar un protocolo anti-COVID que establezca circuitos seguros de movilidad, con la intención de poder recuperar inmediatamente las consultas presenciales, limitando las consultas telefónicas como actividad complementaria. También exigen acabar con la precariedad laboral del personal aplicando un Plan de Mejora de la Atención Primaria e incrementar de manera urgente el presupuesto destinado a esta área sanitaria.

Defensa de los retornados

Por último, también fue aprobada una moción en defensa de los emigrantes retornados, que denuncian el trato fiscal discriminatorio al que son sometidos por percibir pensiones de otros países. Solicitan la modificación de la legislatura actual para evitar esta realidad que los emigrantes llevan sufriendo desde hace años, que se reconozca y se homologue el grado de invalidez reconocido en el país de origen de la pensión y que se garantice el derecho a la Seguridad Social Universal para todos los gallegos y gallegas retornadas, tal y como garantiza la Constitución.