“¿Por qué en la orilla portuguesa del río Miño las ecopistas están hechas de hormigón y en el lado gallego solo pueden ser de tierra?, ¿por qué un lado puede coger agua del río para las explotaciones agrícolas y el otro no? o ¿por qué en una orilla hay control de aves protegidas o de especies invasoras y en la otra no?”, se pregunta la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Río Miño, que se ha propuesto abordar estas cuestiones con la Xunta de Galicia y los gobiernos español y portugués de cara a unificar los criterios de actuación y protección del río Miño en un Plan de Gestión Transfronterizo común y coordinado.
Para alcanzar este objetivo, la AECT acaba de ver aprobada una nueva candidatura al programa B-Solutions de la Comisión Europea que permitirá a expertos y consultores de la UE interactúen con las administraciones para resolver los problemas jurídicos que en la práctica hace que el Miño sea tratado de dos formas diferentes en el lado gallego y en el luso.
Según explica el diputado de Cooperación Transfronteriza y vicedirector de la AECT, Uxío Benítez, “el río Miño es un espacio de protección ecológica de ámbito europeo gracias a la Red Natura 2000 que se rige por una normativa europea única para todos los paisas miembros. Sin embargo, en el caso del Miño son varias las administraciones (gallega, española y portuguesa, que deben interpretar esa legislación europea de protección, lo que, en la práctica, deriva en criterios diferentes que generan disfunciones por autorizaciones más o menos permisivas según el caso”.
Coordinación
“No se entiende la diferencia de criterios de protección entre una y otra orilla del río, pero esto ocurre. Desde la AECT queremos una gestión justa y coordinada del espacio fluvial natural transfronterizo, donde las barreras políticas y administrativas nunca estén por encima del sentido común”, manifiesta Benítez.
