La Asociación de Afectados por la Ampliación de la AP-9 en Chapela expresó ayer su desacuerdo con el convenio expropiatorio del edificio que ocupaba la oficina de Correos, de titularidad municipal, que será derribado para permitir el ensanchamiento de la calzada de la Estrada do Torreiro. Esta era una de las mejoras acordadas con Audasa, la concesionaria de la AP-9, como contraprestación por los perjuicios causados por la actuación desarrollada en la zona para dotar de un carril adicional a la autopista en el tramo entre Rande y Teis.

El convenio entre Audasa y el Concello contempla una permuta de este inmueble municipal a cambio de la parcela que ocupaba el antiguo colegio Igrexa, en las inmediaciones del centro de salud, donde el gobierno local contempla crear de una zona de esparcimiento público y construir un edificio para albergar servicios y locales para las entidades vecinales de la parroquia.

El colectivo de afectados por la autopista denuncia que este convenio no es equitativo, aunque el informe del arquitecto municipal valora en una cantidad económica similar ambas propiedades: 84.850 euros la antigua sede de Correos frente a los 84.000 euros del terreno del antiguo colegio. El portavoz de los afectados, Francisco Puch, asegura que dicho informe “deprecia en un 51% el valor del edificio debido a su antigüedad (51 años), cuando este parámetro no se tuvo en cuenta en ninguna de las expropiaciones de casas realizadas en la parroquia para ampliar la autopista, a los que se pagó a precio de mercado sin tener en cuenta la antigüedad ni el estado de la edificación”. Asimismo señala que este inmueble se encuentra en la actualidad “en buen estado de conservación y en uso”, ya que es la sede de reuniones de varios colectivos vecinales de Chapela.

Además advierte que el terreno que recibirá el Concello, de 2.100 metros cuadrados, “tiene una afección de 25 metros de la autopista”, puesto que se encuentra pegado a la AP-9, “y tampoco está claro que se pueda destinar a los usos que pretende el Concello ya que su clasificación es de suelo urbano para equipamiento público destinado a la enseñanza”. Además, como consta en el convenio, todo queda sujeto a la aprobación por el Ministerio de Fomento la ocupación del terreno.

El portavoz de los afectados lamenta que el gobierno local no les haya consultado su opinión sobre el convenio que califica de “burla” a los vecinos “porque Audasa expropia gratis un edificio, valorado muy por debajo de su precio real”. El colectivo quiere “una tasación adecuada” y que el dinero resultante se invierta en equipamiento para la parroquia.