Impedir la construcción de la polémica estación de bombeo a orillas del río Miñor en pleno centro urbano podría costar al Concello de Gondomar 607.594,20 euros. Es la cantidad que le exige Augas de Galicia a modo de indemnización por los gastos ocasionados por un proyecto frustrado que trataba de mejorar la eficiencia de la depuradora y frenar la contaminación del espacio protegido del estuario de A Foz. El departamento autonómico ha presentado una reclamación patrimonial por la vía administrativa, el primer paso de un proceso que acabará con toda probabilidad en los juzgados, con la Xunta y el Ayuntamiento gondomareño enfrentados otra vez ante el juez por la red de saneamiento.

Y es que las administraciones local y autonómica se vieron las caras en los tribunales hace cinco años por el mismo asunto. El organismo iniciaba el pleito contra la resolución del concejal de Urbanismo, por aquel entonces Antonio Araúxo, portavoz de Manifesto Miñor, que paralizaba las obras por carecer de licencia, tal y como certificaron los técnicos municipales. La presión de los vecinos llevó al gobierno municipal a vetar el sistema de impulsión. En aquel momento se sucedieron las protestas en el centro de Gondomar, con especial protagonismo de los residentes en la urbanización As Garzas, que rechazaban de plano la instalación bajo sus ventanas al temer que provocaría malos olores y ruidos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fallaba a favor de la Xunta hace año y medio y la sentencia, firme, dejaba sin efecto la paralización de los trabajos al considerar que no necesitaba autorización urbanística por su interés público y supramunicipal.

El fallo abría hace año y medio la puerta al departamento de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a reclamar los costes generados por el bloqueo de las obras. Los 2 millones estimados inicialmente por el organismo se han quedado en algo más de 600.000 euros.

La demanda presentada en el registro municipal glosa los conceptos de la indemnización y cifra en 140.229,99 el daño derivado de la extinción del contrato de obra por la compensación abonada al contratista, en 43.149,31 el derivado de la pérdida de fondos europeos al extinguirse el contrato. A estas cantidades suma otros 77.162,75 por la inversión que el departamento llegó a asumir en una actuación que nunca llegó a materializarse, 69.825,70 en concepto de exceso de los costes de explotación de la depuradora soportados y otros 277.226,45 por el daño ocasionado al medio ambiente.

“Acabaremos en los juzgados”, afirma el alcalde

Ante la demanda administrativa de la Xunta, al Concello de Gondomar le corresponde iniciar un procedimiento para el que debe nombrar un instructor que valore las posturas de las dos partes y resuelva. “Lo más seguro es que se desestime la reclamación patrimonial y acabemos en los juzgados”, afirma el alcalde, Francisco Ferreira. El regidor lamenta “que sigamos con este rifirrafe entre administraciones, sobre todo porque la Xunta sabe que ese no era el lugar adecuado para el bombeo”. Ferreira llama la atención sobre la rebaja de la cantidad inicial. “Nos piden bastante menos que los 2 millones que indicaban al principio, lo que nos da la razón en parte, ya que no cabía tal indemnización millonaria porque se trata de un terreno municipal y protegido junto al río”.