El gobierno municipal de Gondomar espera iniciar 2021 con las máquinas desplegadas al fin en el polígono de A Pasaxe. Las obras que adaptarán a la legalidad una de las principales áreas industriales de la provincia, desarrollada al margen de la normativa urbanística durante el último medio siglo, saldrán a concurso en dos semanas por 3,4 millones de euros. La licitación arrancará al día siguiente de la aprobación del pliego de cláusulas en el próximo pleno, previsto el día 5. Los trámites de presentación de ofertas y la contratación “deberían estar resueltos a principios del año que viene”, asegura el alcalde, Francisco Ferreira. Culminará entonces una década de gestiones para alcanzar la legalización del parque empresarial.

La urbanización de los 205.000 metros cuadrados de la fase 1 del polígono, donde se ubican la gran mayoría del centenar de naves en las que trabajan en torno a 3.500 personas, llegará seis meses más tarde de lo previsto. El parón administrativo de la pandemia ha retrasado el proceso desde que el regidor y el presidente de la Asociación de Empresarios da Pasaxe, Javier Díaz Gonda, firmaban el pasado diciembre el proyecto de reparcelación y equidistribución de cargas y beneficios. El Concello es el promotor de los trabajos a través del sistema de cooperación, por el que los propietarios de los terrenos asumen los gastos.

La Corporación, en la que el gobierno socialista ostenta la mayoría absoluta, dará luz verde a las bases de licitación y, paralelamente, el alcalde aprobará por decreto el plan de pagos que deben asumir los titulares de los terrenos para hacer frente a los gastos de las obras, que consistirán en la pavimentación de los viales, la instalación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, acometidas eléctricas y alumbrado público. El documento estima en 40 euros la cifra que deberán sufragar por metro cuadrado, de manera que el montante por parcela media –de unos 1.500 metros cuadrados– se sitúa en 60.000 euros.

Ferreira asegura que estas cantidades serán finalmente menores porque la adjudicación de las obras rebajará el precio de salida y porque la marcha de los trabajos incluirá rebajas como los accesos que ya está ejecutando la Xunta. Todos los cálculos en ese sentido correrán a cargo del director de la obra, un contrato que también saldrá a concurso por 50.000 euros. “La persona que se encargue de la dirección de obra deberá remitir al Concello un informe mensual de la marcha de los trabajos y sus costes, a partir del cual el departamento de Intervención girará los recibos a los empresarios”, explica el alcalde.

Con el objetivo de reducir el esfuerzo económico de los afectados, gobierno municipal y asociación empresarial han llegado a un acuerdo con Abanca para acceder a créditos blandos. Asimismo, Ferreira se compromete a reclamar apoyo económico a la Xunta y la Diputación.

La segunda fase de la urbanización, la que afecta a los 400.000 metros cuadrados todavía libres, correrá a cargo de Zona Franca que ya ha anunciado una inversión de 20 millones de euros para habilitar las nuevas parcelas industriales.