Dos nuevas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apremian al Concello de Baiona a derribar el edificio declarado ilegal en Sabarís, en cumplimiento de la sentencia que anulaba la licencia y ordenaba la demolición que el mismo tribunal emitió hace 15 años y que el Supremo ratificó hace diez por irregularidades urbanísticas. Por un lado, el juez impone una multa coercitiva de 300 euros al alcalde, Carlos Gómez Prado, por no avanzar en los trámites para echar abajo el bloque de 19 viviendas y 5 bajos comerciales ubicado en los números 29 y 31 de la Avenida Julián Valverde. Y por otro, emite sentencia para ordenar al Ayuntamiento que valore el cierre de los negocios por carecer de licencia. El gobierno municipal ha recurrido ambas decisiones de los magistrados del alto tribunal gallego y el concejal de Urbanismo, Víctor Muñoz, asegura que su departamento sigue todos los pasos ordenados en fallos anteriores.

En noviembre se cumplirá un año desde que el TSXG dio tres meses de plazo a Concello de Baiona para presentar un cronograma de actuaciones y trámites necesarios para llevar a cabo la demolición y para reservar las partidas económicas para asumir las futuras indemnizaciones, que se presumen millonarias. Por el momento, los afectados ya han reclamado 6,1 millones de euros ante la justicia.

Según el último auto judicial, del pasado 7 de septiembre, de lo único que ha informado el Ayuntamiento hasta ahora es de los trámites relacionados con la identificación de los terceros de buena fe, es decir, los propietarios que puedan demostrar que adquirieron pisos o bajos comerciales sin conocer las irregularidades del edificio. Nada ha recibido la sala, según indican los magistrados, respecto al calendario de obras y trámites previsto ni sobre la consignación de dinero para asumir las compensaciones económicas. Este diario trató de contactar ayer sin éxito con el alcalde, al que se impone la sanción con cargo a su patrimonio personal. Sí contestó a las preguntas el edil de Urbanismo, quien asegura que "debe haber un error" porque "todo lo requerido por el juez está presentado".

Respecto al cierre de los negocios que la última sentencia, con fecha del pasado 18 de septiembre, insta a estudiar, el Concello había abierto expediente de reposición de la legalidad en abril con la posibilidad de llegar a ordenar el cese de actividad de los establecimientos que constan: una frutería, una tienda de artículos de regalo, una centro de estética y una agencia de viajes. Pero los servicios jurídicos municipales concluyen "que es fútil seguir esa vía de actuación, toda vez que lo que nos insta el juzgado es a proseguir con la demolición y determinar los terceros de buena fe", explica Víctor Muñoz.

La prioridad para el departamento urbanístico del Concello de Baiona es evitar el derribo. "Nos tenemos que concentrar en salvar el edificio y cumplir con la sentencia", recalca el concejal responsable del área. Los principales esfuerzos de los técnicos se centran en la identificación de los citados terceros de buena fe, "que para nosotros son todos". "Nadie compró en el edificio a sabiendas de las irregularidades", afirma el edil. Se trata de un trabajo arduo que lleva tiempo "porque hay que investigar cada caso uno por uno".

Una vez se conozca el número de afectados con derecho a indemnización, indica el concejal, será cuando se reserven las partidas necesarias.

El edificio comenzó a construirse en 2001, tras obtener la promotora, Osyris Alba S.L., la licencia municipal que el Concello de Baiona le otorgaba después de aprobar un estudio de detalle o plan urbanístico específico para la parcela. Todo en la etapa del independiente Benigno Rodríguez Quintas en la Alcaldía.

El pleito judicial, que se aproxima ya a las dos décadas de duración, fue promovido por el bufete Martínez Barros Abogados a raíz de una denuncia vecinal por irregularidades urbanísticas como el exceso de volumen.