16 de septiembre de 2020
16.09.2020
Faro de Vigo

La Xunta retira las demandas para echar abajo 8 casas con licencia en Gondomar

La rectificación de la APLU pone fin a meses de angustia para cuatro familias con las viviendas en obras o recién terminadas

16.09.2020 | 01:53
La Xunta retira las demandas para echar abajo 8 casas con licencia en Gondomar

Un problema menos para ocho familias del municipio de Gondomar que se habían visto envueltas en un proceso judicial para salvar sus casas pese a disponer de licencia de construcción. La Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) había interpuesto a principios de año sendas demandas para anularles los permisos que el Concello les había otorgado en los últimos dos años y, por lo tanto, echar abajo las obras autorizadas. Tras unos meses en suspenso a causa de la pandemia, los pleitos habían avanzado en las últimas semanas en las dependencias de los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo. Ya había fecha de juicio para algunos de los casos cuando, el pasado día 2, el organismo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda decidió echarse atrás y retirar las acciones judiciales.

Son todas viviendas unifamiliares, unas todavía en construcción y otras ya terminadas. Cuatro se ubican en la parroquia de Donas, dos en la de Mañufe, una en Vilaza y otra en Vincios. La APLU había recurrido sus licencias por la vía administrativa al considerarlas ilegales por ubicarse en las llamadas áreas de tolerancia, es decir las franjas de 40 metros situadas alrededor de núcleos rurales. El Ayuntamiento se negó a dejar sin efecto los permisos, que consideraba totalmente ajustados a derecho porque contaban con todos los informes técnicos favorables. Así que el organismo autonómico acudió a los tribunales.

Tanto el gobierno municipal como los afectados se vieron obligados a contratar asistencia jurídica para defender las licencias ante el juez. La disputa estaba en la interpretación de la aplicación de la normativa. Gondomar carece de Plan Xeral desde que el Tribunal Supremo anuló hace 15 años el aprobado en 1997. Se rige, por lo tanto, por las normas subsidiarias de 1991 que, según la oficina de Urbanismo, permiten construir en las citadas áreas de tolerancia. La APLU, en cambio, consideraba que el Plan Básico Autonómico sustituye las normas subsidiarias desde su entrada en vigor en octubre de 2018 en los municipios con menos de 5.000 habitantes sin planeamiento, pero también se debe aplicar en los de mayor población sin PXOM adaptado a la Lei do Solo de 2016, como es el caso de Gondomar. Este planeamiento elimina las áreas de tolerancia y las convierte en suelo rústico sin posibilidad de construir.

El organismo había logrado incluso que el juez paralizase las obras de las casas en construcción como medida cautelar. Pero ahora ha presentado los escritos de renuncia a continuar con los pleitos sin explicación técnica alguna. Los textos se limitan a solicitar el desestimiento de los recursos interpuestos por carecer de la autorización del Consello da Xunta, órgano de decisión del Gobierno gallego que ni siquiera llegó a tener estos recursos sobre la mesa.

"Grata sorpresa"

En el Ayuntamiento celebran la noticia. El alcalde, Francisco Ferreira, -que ayer mismo convocó a los afectados para informarlos- muestra su "grata sorpresa" por la rectificación de la APLU y también cierto alivio "porque en la misma situación teníamos unas 200 licencias". Aunque creía "poco probable" que la justicia diese la razón a la Xunta en estas causas, "podía complicarse mucho el asunto, ya que si el juez anulase estas ocho licencias, la APLU iría a por todas".

Y es que Ferreira sostiene que el organismo "persigue" a Gondomar. Ha ordenado la demolición de una docena de edificaciones en el municipio en los últimos cinco años y ha sentado incluso en el banquillo a algunos de los propietarios en el banquillo de los juzgados de lo penal.

El alcalde subraya que la retirada de la APLU "no hace más que darnos la razón en lo que siempre argumentamos". Lamenta que "pese a explicárselo reiteradas veces, incluso en hasta tres reuniones en Santiago, hayan querido ir a los juzgados contra estas viviendas cuando hay obras y aberraciones de bulto no muy lejos que pueden denunciar". "Si nos hubieran hecho caso desde el principio, habrían evitado el mal trago que han hecho pasar a estas familias, que tuvieron que parar sus obras, pasar noches sin dormir, contratar servicios jurídicos y estar dos años en esta situación de incertidumbre".

Las licencias en cuestión estaban firmadas por el anterior concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, portavoz de Manifesto ahora en la oposición. El edil asegura alegrarse muchísimo "por los afectados que tantos desvelos han pasado y porque queda demostrado una vez más el gran trabajo de todos los funcionarios de Urbanismo y que las licencias estaban perfectamente otorgadas " . Insta además al gobierno municipal "a liderar las reclamaciones por daños y perjuicios a los vecinos".

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