La plantilla de la Policía Local de Gondomar se rebela contra el que fue su jefe hasta hace una década y ahora es el alcalde, Francisco Ferreira. Y lo hace por vía judicial. Lo acusan de aumentarles una hora la jornada laboral sin diálogo previo y en contra del convenio colectivo que él mismo habría ayudado a redactar en 2009, cuando todavía los coordinaba como inspector. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo ha admitido su demanda y el juicio está fijado el día 5 de noviembre.
La denuncia, interpuesta por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en representación de los policías municipales, alude a dos resoluciones recientes del regidor que amplían el horario de los agentes. La primera tiene fecha del 9 de marzo, cinco días antes de arrancar el estado de alarma decretado por el Gobierno para controlar la pandemia, y obligaba a los agentes a realizar turnos de mañana de 7.30 a 15.00 y de tarde de 15.00 a 22.30. Añadía treinta minutos a sus habituales jornadas laborales de siete horas, organizadas en seis días de trabajo y cuatro de descanso. La segunda corresponde al 11 de junio, poco antes de finalizar el estado de alarma. Además de ordenar a los funcionarios la incorporación presencial a las dependencias municipales de 8.00 a 14.30 -de 7.30 a 14.00 para los del departamento de Vías y Obras- con obligación de fichar, establece para la Policía jornadas de trabajo de ocho horas con la misma turnicidad de seis jornadas laborales y cuatro de descanso, sin especificar el horario de entrada ni de salida.
Ambos decretos son "nulos de pleno derecho", según argumenta la denuncia, porque modifican la duración de la jornada de los agentes "sin que se haya realizado ningún tipo de comunicación a los representantes del personal del Ayuntamiento". El sindicato afirma además que que "no existe motivación o argumentación suficiente que justifique el cambio de acuerdo con lo previsto en el convenio del Concello" y alega incluso que que la normativa exige la celebración de la mesa general de negociación en el caso de alterarse las condiciones laborales del personal. Señala asimismo que las resoluciones alteran lo dispuesto en el convenio, que fija jornadas de siete horas para los efectivos y "crean inseguridad a los propios agentes al no determinar el horario concreto que deben seguir".
Los policías consultados aseguran haber acudido a la justicia tras varios intentos infructuosos de reunirse con el regidor para abordar el asunto. Aseguran incluso que les parece "razonable" realizar turnos de ocho horas, pero insisten en que estas cuestiones deben resolverse con diálogo, no con imposiciones unilaterales saltándose los acuerdos laborales establecidos.
El pleito hace visible una vez más las tensiones laborales en el cuerpo de seguridad municipal, del que varios agentes se han marchado en los últimos tiempos en comisión de servicios a otros ayuntamientos. Las bajas médicas dejan además a solo dos activos, junto con el oficial jefe, de manera que el servicio se refuerza con la contratación de auxiliares.
