Un grupo de empresas ubicadas en Mos, que dan empleo, han iniciado negociaciones para ubicarse en Portugal en condiciones ventajosas, después de que el alquiler de sus terrenos contemple una subida de hasta un 1.200 por ciento en los próximos años, según fuentes de Asociación de Empresarios de Mos (Aemos).

Los terrenos, de la zona denominada Monte Faquiña, son legalmente propiedad de la Comunidad de Montes de Tameiga, después de una sentencia judicial que hace dos años otorgó a esta comunidad el dominio de los mismos que antes ostentaba el Concello de Mos.

Mos llevaba desde hace 30 años autorizando la ubicación de industrias adjudicando las parcelas por concurso por 25 años con posibilidad de prorroga de otros 25 a cambio de fomentar el empleo local y realizar inversiones. Las naves y construcciones realizadas durante la concesión revertirían finalmente a favor del Ayuntamiento si pasados los años de contrato y la prorroga pactada los empresarios se marchaban, pero la sentencia judicial propició otras reglas del juego, ya que, según los empresarios, "la comunidad de montes no admite las prórrogas al mismo precio pactado y decidió subir el canon más del 1.200%", explicaron. La comunidad si respeta los contratos existentes.

"El problema es lo desproporcionado del nuevo canon indicado por los comuneros, que pasa a ser doce veces más de lo que establecía el Concello en sus concesiones", afirman.

Los empresarios afirman que están dispuestos a asumir una subida pero no un canon basado en un criterio desorbitado "y que parece que busca expulsar a las empresas y no favorecer su desarrollo y crecimiento sostenible en una zona calificada por el ordenamiento como desarrollo industrial", dicen desde Aemos. Los acuerdos vencen en algún caso en 2021, y otros a partir de 2022. Entre las empresas afectadas se encuentra el Grupo Copo, con 350 trabajadores, cuyo contrato vence en 2025, o Grupo Redcom, que vence en 2022 o Blanco Quintas S.A. en 2025.

El presidente de los empresarios, Manuel Castro, mostró su preocupación por el posible desmantelamiento industrial de la zona "si la comunidad de montes se niega a prorrogar los actuales contratos de cesión de derecho de superficie donde han construido sus naves". Aemos también asegura que las empresas de la zona eran desconocedoras del pleito judicial por esos terrenos, por lo que afirman que están indefensos.