El Concello de Baiona ha abierto expediente de cese de actividad a los negocios del bloque de viviendas sentenciado en la Avenida Julián Valverde de Sabarís. Se trata de un nuevo paso para cumplir con la sentencia de derribo que el Tribunal Supremo hizo firme hace diez años. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó al Ayuntamiento la ejecución forzosa de la demolición el pasado noviembre, fecha en la que le daba un mes para presentar un plan de actuación al respecto y para garantizar las posibles indemnizaciones a los afectados, bajo advertencia de multas coercitivas de hasta 1.500 euros con cargo al patrimonio personal del alcalde, Carlos Gómez Prado.
El Ayuntamiento informa puntualmente de sus movimientos al respecto al citado tribunal desde entonces.En enero le comunicó que el regidor había ordenado a los propietarios de los 19 pisos y los cinco bajos comerciales del inmueble que se identificasen y justificasen su condición de "terceros de buena fe", es decir, que acreditasen la compra de sus propiedades sin conocer las irregularidades urbanísticas por las que finalmente la justicia decretó la demolición para proceder a las posibles indemnizaciones, que los perjudicados estiman en un total de 6,1 millones y que han reclamado ya. En marzo, el Ayuntamiento hizo llegar su último parte al Alto Tribunal sobre la apertura de los expedientes para cerrar los establecimientos que constan oficialmente: una frutería, una tienda de artículos de regalo, un centro de estética y una agencia de viajes. Además, hizo constar los trámites realizados para contratar el derribo, que requerirá un concurso público previo ante su previsible elevado coste.
El edificio comenzó a construirse en 2001, tras obtener la promotora, Osyris Alba S.L., la licencia municipal que el Concello de Baiona le otorgaba después de aprobar un estudio de detalle o plan urbanístico específico para la parcela. Todo en la etapa del independiente Benigno Rodríguez Quintas en la Alcaldía.
El pleito judicial, que se aproxima ya a las dos décadas de duración, fue promovido por el bufete Martínez Barros Abogados a raíz de una denuncia vecinal por irregularidades urbanísticas como el exceso de volumen.
El Tribunal Supremo dio la razón a la parte demandante en 2010 y anuló tanto el permiso de construcción como el plan especial aprobado para levantar el inmueble. La sentencia obligaba ya entonces al Concello a demoler y confirmaba que el proyecto incumplía la normativa urbanística, mientras que el Ayuntamiento lo declaraba ilegalizable por sus irregularidades en 2013, con Jesús Vázquez Almuiña como alcalde. Desde entonces, los letrados han instado la ejecución de la sentencia hasta lograr el auto definitivo del pasado otoño.
