03 de marzo de 2020
03.03.2020
Faro de Vigo

Gondomar reclamará a Carlos Silva el dinero que debe pagar ahora por derribar una casa

El regidor en 2006 y otros cinco ediles concedieron la licencia con informes en contra y el Concello exige que se hagan cargo de la responsabilidad patrimonial por dar el permiso

03.03.2020 | 01:08
Inicio de las obras de derribo de la vivienda de Gondomar, el año pasado. // José Lores

El Concello de Gondomar reclamará al ex alcalde del PP, Carlos Silva, y a los cinco concejales que le acompañaban en una junta de gobierno de 2006, el dinero que debe abonar ahora el Ayuntamiento a una vecina a la que se le derribó una casa, en Donas, de acuerdo con una sentencia judicial. 169.000 euros, de los cuales 130.000 son de principal y la parte restante de intereses.

Silva y los ediles Ángel Gregores Méndez, Abelardo Meneses González, José Misa Salgueiro, José Luis Mosquera Veleiro y Jaime Rial González, concedieron el 16 de enero de 2006 la licencia para construir una vivienda unifamiliar en Donas, a pesar de que los informes advertían que la misma no podía concederse pues el Plan Xeral Municipal que permitiría esa construcción estaba anulado por sentencia firme. "De no aclararse esta situación, podrían estar concediéndose licencias en base a una normativa municipal que no está vigente, que no es de aplicación por quedar fuera del ordenamiento jurídico dando lugar a procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos que amparan las mismas por adolecer de un vicio de nulidad de pleno derecho y de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios de imposible o difícil reparación ocasionados a los interesados (?)", indicaba uno de los informes.

La concesión de esa licencia le complicó la vida política a Carlos Silva y a los ediles hasta tal punto que les juzgaron por vía penal e inhabilitaron, pero la casa fue construida. Posteriormente otro proceso judicial diferente, en este caso por la vía Contencioso administrativo, determinó que debía reponerse la legalidad urbanística y derribar la vivienda, lo que finalmente el Ayuntamiento, ya con Paco Ferreira, hizo el año pasado ejecutando la sentencia. El último capítulo, fue un tercer proceso judicial, en el que la propietaria de la vivienda reclamó el dinero que le había costado y los intereses al Ayuntamiento por darle una licencia que no podía concederle, y que el Ayuntamiento debe abonar pero que reclamará a los ediles que firmaron la concesión.

En el informe realizado por la Intervención Municipal en el que se informa favorablemente el pago de los 169.612 euros, se hace referencia a las distintas normas legales que posibilitan la reclamación de los importes que deben abonarse. Entre ellas se hace mención expresa al artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: "Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia, adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán obligados a indemnizar a la Corporación local los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder".

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