Las obras de humanización del primer tramo de la calle San Roque, que conecta con la Avenida de Castelao, y de acceso al puente de Os Remedios, en Ponteareas, están paralizadas. Los trabajos debían haber acabado en diciembre o, al menos, el pasado 23 de enero, transcurrido un mes de prórroga, pero tampoco lo hicieron.

Las máquinas y los operarios de la empresa Nexia, adjudicataria de la obra en un concurso al que se presentaron 21 empresas, abandonaron la reforma contratada el pasado junio por el Concello de Ponteareas por 122.193 euros, dejando la calle ahora instransitable.

Consecuentemente, el Concello de Ponteareas ha iniciado acciones contra Nexia, empresa adjudicataria también de obras en otros ayuntamientos de la provincia como Pontevedra o Poio, que también dejó plantadas. La anterior dirección de Nexia acumularía presuntamente deudas que superan los 8,5 millones de euros y su anterior director general de la empresa, Pablo Valiñas Monteagudo, habría huido presuntamente hace una semana a Panamá.

El gobierno ponteareano explica que la empresa incumplió el plazo que se le había concedido, hasta la navidades y también la prórroga, abandonó la obra sin justificación ni comunicación al Concello. Por este motivo, el ejecutivo local le abrió un expediente que conllevará, según asegura el bipartito, "la imposición de sanciones económicas, la reclamación de los daños y prejuicios y mismo la resolución del contrato".

El gobierno ponteareano articula ahora las medidas legales y contractuales necesarias para que de manera urgente se puedan retomar las obras y se concluyan. "Esta situación es responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria" y lamenta "los perjuicios" que está causando al vecindario y al propio Concello. No obstante asegura que "se actuará con contundencia en el marco de la legalidad frente a cualquier empresa que incumpla con sus deberes en la ejecución de esta u otras obras".

Por otro lado, el Concello también ha abierto un expediente para determinar las causas de los repetidos hundimientos que se han producido en la Avenida de Galicia, tras ser objeto de obras de mejora de los servicios subterráneos y del firme. El gobierno asegura querer "depurar las responsabilidades en las que pudiese haber incurrido la empresa adjudicataria del trabajo sin perjuicio de que esta deberá de inmediato reparar los desperfectos y ejecutar correctamente la obra para que no se vuelvan a producir nuevos incidentes".

El gobierno exime cualquier responsabilidad en lo ocurrido en ambas obras: "Las obras se adjudican a las empresas a través de un procedimiento competitivo, reglado y sometido a los principios de transparencia por lo que los gobiernos no deciden qué empresas ejecutan este tipo de obras". Por este motivo, aclara que "un cumplimiento defectuoso de los trabajos o el incumplimiento de plazos es responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria y lo que resulta exigible al gobierno es que actúe con rigor y rapidez ante cualquier incumplimiento".