La solución urbanística que el Concello de Oia promueve para evitar el derribo del Balneario Talaso Atlántico disparó ayer las tensiones entre los grupos de la Corporación. El gobierno municipal del PP tramita el "Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para instalación de Talasoterapia" con el fin de legalizar el establecimiento hostelero de cuatro estrellas, con orden de demolición firme desde hace una década por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló las licencias al no publicarse nunca la ordenanza municipal 13, aprobada para cambiar los usos del terreno y dar cabida al negocio en suelo rústico, en el Boletín Oficial de la Provincia.
El documento, encargado al despacho Calixto Escariz Abogados por 10.587,50 euros, ha superado esta semana la fase de exposición pública en los despachos de la Xunta, pero no pasa la del acuerdo político. La oposición lo cuestiona y por ello el PSOE forzó la celebración de un pleno extraordinario para obligar al equipo popular a dar explicaciones sobre el asunto. Una sesión en la que la alcaldesa, Cristina Correa, insistió en llamar a todos los ediles al consenso para "dar solución a un problema grave y evitar la ruina del Ayuntamiento".
"Falta de cordialidad"
El pleno se desarrolló con solo siete de los trece ediles de la Corporación presentes y en la fecha límite fijada por la secretaria municipal, al negarse la oposición a posponerlo pese a la imposibilidad de asistir de dos ediles populares y otras dos socialistas por cuestiones personales. La alcaldesa aprovechó para reprochar a sus oponentes esa "falta de cordialidad", que, a su juicio, "hace imposible llegar a acuerdos en asuntos tan importantes como el que puede llevar al colapso económico del Ayuntamiento -con poco más de un millón y medio de euros de presupuesto anual- tanto por los 500.000 euros como mínimo que costará el derribo como por la posterior indemnización millonaria a la propiedad" . Correa defendió además la legalización "total o parcial" del Talaso como "la única oportunidad que nos da el ordenamiento jurídico para salvar los sesenta puestos de trabajo que el negocio genera en invierno".
Recalcó además que el equipo de gobierno informa al detalle cada mes del proceso de legalización al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra, cuya titular "aceptó esta opción hace un año", tras apremiar durante los seis anteriores la ejecución de la sentencia de derribo, con advertencia de multas coercitivas a la regidora. La sala tiene en marcha además un proceso paralelo, con el fin también de dar encaje legal al edificio. El iniciado por parte de la propiedad del Talaso, que reclama la publicación oficial de la citada ordenanza 13 que modificaba los usos del terreno y que nunca llegó a las hojas del BOP.
"Escaso recorrido"
El portavoz socialista, Gerardo Rodríguez, lamentó "tener que recurrir a un pleno extraordinario para obtener información" sobre el trámite y mostró desconfianza sobre su legalidad y su "perjuicio económico para las arcas municipales". Para Rodríguez, el plan urbanístico "tiene escaso recorrido, ya que la Consellería de Medio Ambiente ya indicó el pasado julio que para dar servicio a las instalaciones de talasoterapia es necesario mantener acometidas a redes de abastecimiento de aguas y saneamiento, inexistentes en la zona, antes de iniciar la tramitación".
Por su parte, el representante del BNG, José Antonio Rodríguez, partió de la base de que "el PP es el único responsable de que la orden de demolición del Talaso y de la pérdida de los puestos de trabajo, si se produjese" y reprochó a la alcaldesa que "se estén saltando una resolución judicial que es la orden de demolición". Propuso que los ediles populares abonen de su bolsillo las consecuencias de la sentencia.
La discusión transcurrió durante casi dos horas cargada de graves acusaciones y tensiones entre el gobierno y la oposición y sin ningún viso de acuerdo. Eso sí, el teniente de alcalde, el popular Augusto Lomba, dejó muy claro que "mientras se pueda, el Talaso no se va a derribar".
