El grupo municipal de Manifesto Miñor acusó ayer al gobierno socialista de Gondomar de "desidia" en relación a las órdenes de derribo que pesan sobre una veintena de viviendas denunciadas por la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU), la mayoría en la parroquia de Morgadáns. Ante la ausencia de planeamiento, su portavoz y anterior concejal de Urbanismo ahora en la oposición, Antonio Araúxo, inició en el anterior mandato la delimitación de una docena de núcleos rurales precisamente para dar encaje legal a estas casas. Dos de ellos están aprobados -Prado y Campo Grande- y han logrado evitar la demolición de cuatro, según asegura el edil, que llama al alcalde, Francisco Ferreira, a agilizar los trámites para dar luz verde a la ordenación de más barrios.
Araúxo incide en la urgencia de estas gestiones, dado que la APLU mantiene la presión sobre vecinos afectados de A Carballa, en Vilas, a los que ha comunicado por carta la confirmación de las órdenes de demolición y la posibilidad única de defenderse a través de la vía contenciosa. El edil asegura que la Xunta requirió en julio documentación al Concello respecto a este núcleo y que "non se enviou nin un só papel".
El alcalde niega la acusación y asegura que se remitió todo lo solicitado, aunque asegura que la Dirección Xeral de Urbanismo ha realizado nuevos requerimientos desde entonces porque "non lles serve nada".
