El Concello de Gondomar se enfrenta a una indemnización próxima a los 130.000 euros por la demolición en mayo del año pasado de una casa a la que había otorgado licencia en el año 2006. Se trata de la vivienda de la hija de un exfuncionario del departamento de Urbanismo, ubicada en el barrio de O Cruceiro, en la parroquia de Donas. El permiso es el mismo que llevó a la Audiencia Provincial a condenar al exalcalde popular Carlos Silva y a cinco concejales de su junta de gobierno -Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa- a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público en 2010 por un delito de prevaricación.
Aunque inicialmente el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo les impuso una pena mayor por otorgar una treintena de licencias ilegales entre diciembre de 2005 y enero de 2006, con el Plan Xeral de 1997 anulado por el Tribunal Supremo, la sala solo reconoció la de esta vivienda de Donas como objeto del delito, al considerar que era la única que habían concedido a sabiendas de que carecía de marco legal.
Exregidor y los exediles finalizaron su condena en junio de 2017, pero a las arcas del Concello de Gondomar les queda por delante un importante desembolso. El Consello Consultivo de Galicia ha dado la razón en los últimos días a la familia afectada, que presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y pérdidas causados por el derribo. La cantidad que exigen asciende a 118.320,21 euros por los gastos ocasionados, a los que suman otros 10.000 en concepto de daño moral.
El Ayuntamiento acudió a este organismo jurídico de la Xunta tras desestimar inicialmente la reclamación de la familia. Entendía que estaba fuera de plazo y que el reclamante, por ser funcionario del departamento municipal de Urbanismo, ya jubilado, tenía conocimiento de que la licencia era irregular. Pero el Consello rechaza las argumentaciones al considerar que el Concello "non proba que houbese dolo, neglixencia ou culpa pola parte reclamante" y concluye que la Administración local debe indemnizar. Eso sí, no entra a valorar la cantidad que debe asumir el erario público.
Al Concello de Gondomar le quedan dos opciones: compensar directamente a los afectados o acudir a los tribunales para que sea un juez el que resuelva. Si paga de entrada, el arquitecto municipal deberá valorar el inmueble y emitir un informe sobre la cantidad a abonar, según explica el alcalde. Si acude a los juzgados, puede obtener sentencia favorable o se arriesga a que no lo sea. En cualquier caso, el proceso se alargaría.
