El acto simbólico de entrega al Concello de Porriño por parte de Pocasa de la cantera Ferro rehabilitada ha generado polémica. Mientras por parte del sector del granito defienden que la restauración de este superficie "evidencia nuestro compromiso con la recuperación ambiental y la preservación del patrimonio natural", desde la Comunidad de Montes de Atios, molestos por no haber sido invitados al acto, al igual que tampoco lo fue la asociación de afectados por la actividad de las canteras, indican que esta actuación "esconde irregularidades y una nefasta gestión del Concello".

El presidente de los comuneros, Xoan Pereira, señala que "Ferro es un caso más de despreocupación recaudatoria por parte de los últimos gobiernos locales que no ejercen la función de defensores del patrimonio municipal al no cobrar lo que deberían a los inquilinos". En este sentido, explica que "las canteras en Atios ocupan 600.000 metros cuadrados por los que el Concello apenas recauda una mínima parte, como así consta en la contabilidad municipal y en la documentación que la propia Tesorería entregó en el juzgado. Siguiendo lo recogido en el pliego, en el que se estipula un canon de 1,20 euros/m2 para las activas y de 0,60 euros/m2 para las sin actividad, el Concello debería recaudar unos 400.000 euros y no lo hace. Sin embargo, se fundamenta precisamente en esa cifra para presentar un escrito en el juzgado, el cual motivó la paralización de la ejecución de la sentencia, con fecha 28 de febrero de 2018, por la cual el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Porriño declaró los terrenos de las canteras de Atios propiedad de los comuneros". Pereira, subraya que a finales de 2018, ante la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en la Audiencia Provincial, "decidimos solicitar la ejecución de la sentencia, la cual nos vio aceptada en junio de este año, a continuación el Concello presentó dicho escrito, en el que exponía que ello supondría un grave perjuicio, y a los cuatro días todo volvió a la situación inicial; con todo, esa sentencia en primera instancia que nos otorga la titularidad de los terrenos no fue contradicha".

Desde la Comunidad de Montes se llegó a realizar una ronda de contactos con los canteros "y confirmamos con ellos esa dejadez por parte del Concello, que aunque sí hay algunos que pagan, hay muchos otros que no, que no reciben ningún tipo de recibo reclamando el cobro y que incluso están sin contrato. Depredación impune del territorio y sin beneficio para la población local, es más, con gastos, porque el gobierno local ha gastado importantes cantidades de dinero, que llegan a los 60.000 euros, en pleitear con los vecinos, mientras por el contrario fue muy blando a la hora de exigirle a los canteros que paguen por la ocupación del terreno".

Con todo, desde la Comunidad de Montes confían en que el nuevo concejal con competencias en la materia (Pedro Pereira) "con el que al menos ya ha habido interlocución, pues hasta el momento no la hubo, valore una nueva negociación de cara a retomar la propuesta de convenio ya presentada anteriormente. Estamos dispuestos a repartir las cantidades recaudadas en concepto de arrendamiento y poner así fin al pleito", asegura el presidente de los comuneros.

Desde mediados del siglo XX hasta el año 2010 se extrajo de la cantera Ferro cientos de toneladas de Rosa Porriño. Ayer, usuarios de los centros de Aceesca de Porriño y Juan María de Nigrán iniciaron la plantación de los 1.000 pinos en el terreno cuya rehabilitación también ha supuesto una crítica desde la Comunidad de Montes que dice "no se devuelve a su configuración original. Se consolida un enorme muro de mampostería que se traduce en más volumen de relleno y más negocio para quien cobra por el vertido, pero perpetúa una construcción artificial que afecta al paisaje de la zona. Solo una fina capa de tierra vegetal tapa el residuo industrial".

Ante estas declaraciones, Jorgé Massó, gerente de Pocasa, asegura que "presentamos el proyecto de rehabilitación en 2011 y fue aprobado en 2012, previo al pleito entre Concello y comuneros, y además, durante el período de exposición pública al que estuvo sometido no se presentó alegación ninguna ni por parte de la Comunidad de Montes ni de ningún vecino, obteniendo favorables los informes de los diferentes organismos. Como se exige por ley, nosotros hemos devuelto el terreno con arreglo al uso previsto en el PXOM, suelo rústico ordinario, es decir, convertirlo en monte de nuevo, dejando de estar afectado ya por el régimen minero".

Por su parte, la alcaldesa Eva García, presente también en el acto simbólico de ayer, espera que "otras canteras que estén en desuso o agotaran su ciclo de explotación realicen también proyecto de recuperación de los espacios y montes que ocuparon".