Los percebeiros de flote de Baiona y Oia podrán trabajar a pie en caso de mal tiempo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo ha anulado el acuerdo de la junta general de la Cofradía de Pescadores que había acordado segregar las zonas de extracción de este producto, a fin de que los trabajadores de las embarcaciones dedicadas al percebe no pudieran trabajar a pie en caso de que la climatología fuera adversa.

El Juzgado da, así, la razón a los demandantes confirmando que la junta general de la Cofradía "actuó de modo contrario a Derecho porque se arrogó competencias que no le correspondían", indica la sentencia.

El conflicto surge en septiembre del año 2017, donde la Agrupación sectorial de percebeiros aprueba un Plan de gestión de percebe para el año 2018 y la junta general de la Cofradía de Pescadores "La Anunciada" , en lugar de meramente informar a la Consellería de Mar, "contradice, modifica y revisa" dicho Plan, para lo cual "no tiene competencia".

Tras una reunión ordinaria la Secretaria de la Cofradía termina, según expone la sentencia, enviando a la Subdireción Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro el Plan aprobado por la agrupación de percebeiros y dos planes correspondientes a cada modalidad, "cuyo contenido no fue examinado ni aprobado en el seno de la agrupación sectorial ni en el de la junta general". "Recibido el Plan de la Agrupación sectorial, tenía que limitarse a emitir informe sobre su propuesta; pudiendo mostrar su discrepancia o su conformidad, pero carecía de legitimación para derrumbarlo y sustituirlo por cualquier otra solución alternativa", expone la sentencia. Sería competencia de la Consellería de Mar quien ha de adoptar la decisión de aprobar, modificar o derrumbar dicho Plan.

Este es uno de los múltiples juicios que se han llevado a cabo desde finales de 2016, cuando arrancó la oleada de denuncias del Servicio de Guardacostas de la Concellería do Mar a los mariscadores a flote por faenar a pie. Los expeditados, más de una treintena, recurrieron todas y cada una de las sanciones, ya que, comenzaba a aplicarse por primera vez en décadas la normativa que prohibe a los percebeiros enrolados en barcos extraer el crustáceo a pie y a los que habitualmente trabajan por tierra hacerlo embarcados, cuando hasta entonces existía un acuerdo tácito para que los de a flote se la saltasen en caso de que el estado de la mar y del viento fuese desfavorable. Los expedientes generaron tensión y hasta la Guardia Civil tuvo que custodiar la subasta en la lonja.