Con más de 600 expedientes abiertos, entre ellos 150 por infracciones, la oficina de Urbanismo del Concello de Baiona se encuentra desbordada y el PSOE ha buscado una solución que no convence ni a sus propios socios de gobierno: adherirse a la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) y delegar en la Xunta las competencias para controlar las obras, investigar y sancionar las infracciones en el 85% del territorio municipal. El alcalde, el socialista Carlos Gómez, incluyó la propuesta en el orden del día del pleno celebrado ayer, pero se vio obligado a dejarla finalmente sobre la mesa para evitar, ante la falta de respaldo de BNG y Nós, que la oposición de PP y Ciudadanos la tumbase.
El grupo socialista asumió la Concejalía de Urbanismo tras el acuerdo de gobierno a tres bandas, con el edil Víctor Muñoz a la cabeza. El alcalde justificó ayer la iniciativa de ampliar el radio de acción de la APLU, que hasta ahora solo opera en suelo rústico -el 70% de la superficie de Baiona-, "para resolver o atasco". Considera que no hay alternativa, ya que "non podemos externalizar o servizo, nin contratar técnicos por máis de seis meses ata que se aprobe a Relación de Postos de Traballo". "No mellor dos casos, se contratasemos un técnico máis,o departamento de Urbanismo poñeríase ao día en 2 anos. E temos veciños que levan 5 anos esperando que se lles resolvan expedientes como licencias", subraya.
Sus compañeros de gobierno prefieren analizar de manera más detallada la cuestión que, al parecer, no habían abordado antes del pleno. El portavoz del BNG, Iago Pereira, no rechaza de entrada firmar el convenio con la Xunta para que se ocupe del urbanismo en la mayor parte del suelo baionés, como hacen otros 14 de los 66 concellos de la provincia, pero prefiere "darlle unha volta". Por su parte, el independiente Carlos de la Peña también se inclina por "buscar o consenso".
Del otro lado, el portavoz del PP, Ángel Rodal, critica la "improvisación" del tripartito y muestra su rechazo a adherirse a la APLU porque se trata de un recurso "para concellos pequeños que no pueden dar el servicio, pero Baiona tiene Plan Xeral, Pepchab y Plan del Puerto, además de servicios técnicos y jurídicos que pueden afrontar este trabajo". La representante de Ciudadanos, Rosa Piñeiro, fue la primera en oponerse a la medida ya en la comisión previa a la sesión plenaria.
Fueron sus argumentos sobre los riesgos de ceder las competencias los que llevaron al alcalde, según afirmó ayer, a pensarse mejor la cuestión. Por eso, recalcó, prefirió dejarlo sobre la mesa y "abrir o debate a toda a Corporación". Para ello convocará una junta de portavoces la semana que viene.
La falta de médicos en el centro de salud baionés ocupó también parte del debate plenario ayer. Ante la ausencia de dos facultativos por vacaciones, el grupo socialista presentó una moción de urgencia que recibió el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, para "convidar" al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, "a que se entreviste co alcalde, Carlos Gómez Prado, e lle aporte as solucións precisas para dotar o persoal do centro de saúde dos medios necesarios para desenrolar as súas tarefas".
