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VAL MIÑOR

El puerto deportivo inacabado de Baiona, en los tribunales tras 17 años de bloqueo

Hasta 43 usuarios demandan a la concesionaria por dejarles sin los servicios comprometidos

Francisco González, Carlos Saavedra y Santiago Fagilde, ayer.

Han pasado 17 años desde que el puerto deportivo de Baiona abrió sus puertas con 313 plazas de atraque y sus escasos servicios en tierra siguen instalados en casetas provisionales. Hartos de esperar por los vestuarios, cafetería, almacenes y hasta tiendas comprometidos por la concesionaria cuando adquirieron sus amarres, un total de 43 usuarios han decidido emprender una batalla judicial contra la empresa concesionaria, integrada en el grupo del sector de la construcción Copasa. El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Vigo ha admitido a trámite su demanda conjunta, según anunciaron ayer el presidente de la Asociación de Usuarios del Puerto de Baiona (AUPB), Santiago Fagilde; el vicepresidente, Carlos Saavedra; y el secretario y portavoz, Francisco González. Exigen daños y perjuicios tras haberse gastado miles de euros a lo largo de todo este tiempo sin recibir a cambio las prestaciones que figuran en sus contratos ni tampoco un mantenimiento de los muelles flotantes aceptable.

Adquirieron sus atraques a partir de 2002 por importes entre los 14.000 y los 50.000 euros, según los metros de lámina de agua, y abonan una cuota mensual de 98 euros. "Pagamos tarifas como las del puerto de Sanxenxo y no lo que tenemos son pantalanes deteriorados con riesgo de desprenderse, pilotes rotos, alumbrado deficiente,etc", señalaron los directivos del colectivo, que echan cuentas y les salen más de 100.000 euros invertidos en numerosos casos.

Pusieron el dinero encima de la mesa al confiar en la solvencia de la promotora del puerto, que asumía un proyecto de 9 millones de euros. Aseguran que la empresa recaudó esa cantidad de sus bolsillos, "pero 17 años después solo ha invertido 6 millones en los pantalanes y los 3 millones de la marina seca siguen pendientes", recalcan.

La gestora, inicialmente asociada con Ronáutica, presentó un proyecto ligado a la concesión del espacio público para ejecutar, además de los pantalanes, una explanada en tierra de 11.000 metros cuadrados que se ha quedado en 6.000 para albergar dos edificios de uso hostelero, comercial y de servicios del puerto, además de un varadero, una rampa para vela ligera y un aparcamiento. Pero en aquel momento no existía el plan especial de ordenamiento urbanístico del puerto, que entró en vigor en 2015, por lo que los permisos para las obras pendientes en tierra eran inviables. La asociación de titulares de amarres culpa a Portos de Galicia de "irresponsabilidad" por haber otorgado la concesión sin el marco urbanístico necesario.

Una vez aprobado el citado Plan Especial del Puerto y revisado y validado el proyecto por todas las administraciones competentes "ya no hay excusa", apuntan, para no sacarlo adelante porque les consta, recalcan, "que el Concello tiene voluntad decidida de autorizarlo".

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