El ingreso millonario que el Concello de Nigrán reclama desde hace seis años a Zona Franca depende de una decisión que se tomará en Madrid. Será finalmente el Tribunal Supremo el que dirima si el Consorcio debe pagar los 4,7 millones pendientes por el aprovechamiento urbanístico del parque empresarial Porto do Molle o no. El Alto Tribunal acaba de admitir a trámite el recurso de casación presentado por el ente estatal para libraerse del abono cuando se cumple una década desde que ambos organismos firmaron el convenio para el desarrollo del área industrial.
Diez años después de que se hiciese efectivo el acuerdo entre ambas administraciones, Porto do Molle se ha convertido en motor económico de la comarca miñorana con 120 empresas en marcha que dan empleo a más de 2.000 personas. Pero sigue pendiente de resolución el pleito que inició en 2013 el último gobierno municipal del PP, el presidido por el exalcalde Alberto Valverde.
El convenio valoraba en 9,38 millones de euros la cantidad que el ente estatal se comprometía a abonar por el 10% del aprovechamiento de los terrenos del polígono, el porcentaje que cualquier promotor inmobiliario ha de ceder al Ayuntamiento según la normativa. El Consorcio ingresó el 50% de esa cantidad, los 4,69 millones iniciales, poco después de rubricar el acuerdo, pero faltaba la otra mitad. El Ayuntamiento se la reclamó a través del ORAL y el ente estatal acudió a los juzgados para evitar el pago que sigue pendiente.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón al Ayuntamiento en 2016 al considerar que Zona Franca había presentado su recurso fuera de plazo. El Consorcio recurrió la sentencia y perdió nuevamente ante el TSXG, que volvió a dar la razón al Concello el pasado mes de febrero.
Al organismo que desarrolló el parque empresarial nigranés solo le quedaba la opción de acudir al Supremo y lo ha hecho. Fuentes del ente insisten en que el pago que reclama el Concello se sufraga en forma de rebajas en los costes del suelo para favorecer la instalación de empresas del municipio. Sostienen que así lo establece el convenio firmado en 2009, que un 50% del aprovechamiento urbanístico se compensaría en forma de liquidez y la otra mitad, como incentivos para promover la economía local.
Los primeros 4,69 millones han servido al Concello de Nigrán para realizar inversiones como la reforma y ampliación de la casa consistorial con un auditorio, la recuperación del paseo fluvial del río Muíños o la reforma de la Subida a San Roque, entre otros proyectos. Para la segunda inyección económica, el gobierno municipal prefiere no hacer planes hasta conocer la resolución de judicial definitiva.
La sala concede interés casacional a este último recurso de Zona Franca para la formación de jurisprudencia, dado que apenas existen sentencias acerca de asuntos similares que ayuden a orientar a los juristas sobre futuros casos. El fallo no solo confirmará si cabe el pago o ya se considera efectuado a través de los descuentos en la venta de suelo, sino que también determinará si es posible la vía de apremio que el Concello de Nigrán utilizó para hacer efectivos los ingresos a través del ORAL al tratarse de una deuda no tributaria. Sobre esta cuestión concreta, no se ha dirimido aún ningún supuesto en el citado tribunal, según indica la sala en el auto de admisión a trámite.
