El Partido Popular de Porriño lleva tiempo denunciando que el Concello está llevando a cabo la contratación verbal de obras y servicios, sin seguir los procedimientos legalmente establecidos y usando como primera vía de pago los Contenciosos Administrativos. Ahora el juzgado está corroborando esta acusación con la emisión de una decena de sentencias por las que condena al Concello de Porriño a abonar la cantidad total de 473.592,47 euros de facturas impagadas a proveedores, presentadas por registro y posteriormente rechazadas.

Así, en la Sentencia 133/2019 del Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra se recoge que "los numerosos procesos muy similares a este tramitados en los juzgados contenciosos-administrativos de Pontevedra frente al Concello de Porriño pone de manifiesto que dicha administración municipal como regla general está encargando sus servicios y obras verbalmente, sin contrato, con comisión total y absoluta del procedimiento establecido y de los principios más básicos de la contratación administrativa".

Los populares vienen de proponer en la comisión informativa de Hacienda un voto particular precisamente referente a la modificación de un crédito extraordinario, para hacer frente al pago estas sentencias, que se lleva hoy a pleno. Y es que sostienen que dos de ellas no son firmes y cabría interponer recurso, de ahí que soliciten "comprobar todas las notificaciones de los Contenciosos Administrativos y se recurran aquellas que se puedan, ya que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos". Pero además piden la suspensión cautelar de los diferentes juicios pendientes o en curso por estar gran parte de la facturación irregular pendiente de pago en un proceso penal en el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Porriño, "por el que hemos solicitado que se investigue la posible connivencia entre el Concello y determinadas empresas para eludir la normativa de contratación pública, con la idea de remunerar el servicio prestado mediante reconocimiento extrajudicial", señala Alejandro Lorenzo a la vez que explica que "el proceder es siempre el mismo: una empresa presenta una factura y posterior reclamación por impago ante el registro municipal, el Concello no contesta y la rechaza aunque acepta la prestación, a pesar de que no existe contrato alguno que le dé cobertura, y acude a la vía judicial a reclamar el pago".

Desde el Partido Popular indican, según se recogen en las sentencias, que el propio letrado del Concello "ha negado la existencia de un verdadero contrato" y que "puso en duda, débilmente, que se hubiera demostrado tal prestación pues en el expediente aparecían las facturas como recibidas por el Concello pero con el correspondiente disconforme del receptor". En este sentido, los populares inciden de nuevo en lo expuesto en el informe del secretario municipal refiriéndose al "claro supuesto de responsabilidad patrimonial y administrativa y civil en el que ha incurrido el concejal ordenador del gasto".