"Por la presente les instamos a que de forma inmediata procedan disponer todos los puestos del mercadillo de ese Concello al proceso de sorteo público, tal y como ordenan las leyes en vigor". Así comienza el escrito remitido ayer por Miguel Valverde, secretario de Sociedad Gitana Española y persona muy próxima al clan de los Morones que lidera Sinaí Giménez, al Concello de Cangas, a cuyos mandatarios recuerda que el sorteo se tiene que celebrar "sí o sí", y también que se le deben "reintegrar y restituir todas las licencias retiradas injustamente y de forma discriminatoria", que afectan directamente a los intereses de los Morones.

Los perjudicados por esta situación ya han reclamado esos derechos de forma reiterada, aunque hasta ahora sin éxito. En el escrito fechado ayer insisten en la obligación legal de que todos los puestos sean objeto de sorteo público, y refiere explícitamente "la Ley de Comercio Interior de Galicia y las directrices de la Unión Europea en materia de venta ambulante, que como saben son de rango superior y de obligado cumplimiento". Con esos argumentos, advierten a las autoridades municipales de que "de una forma u otra, todos los puestos del mercadillo se integrarán en un proceso de sorteo público sí o sí".

Además, el colectivo del que es secretario Miguel Valverde Benedicto recuerda a los representantes del Concello de Cangas que "antes de ese proceso de obligado cumplimiento, deben devolverles todas las licencias de actividad que les fueron retiradas tras el altercado entre gitanos "morones" y "zamoranos" que tuvo lugar en el mercadillo ambulante en octubre de 2015. Insisten en que la decisión municipal fue injusta y arbitraria y que el grupo de comerciantes gitanos al que representan "han sufrido perjuicios económicos muy graves durante cuatro años", al no poder ejercer su actividad de venta ambulante en dicho mercadillo.

Sociedad Gitana pon plazo para que el Concello de Cangas responda a sus demandas y advierte de las consecuencias legales que afrontarían sus responsables si hacen oídos sordos: "Les informamos que en caso de no resolver estas cuestiones en el plazo de diez días, pondremos estos hechos en conocimiento de las instancias judiciales pertinentes, elevando denuncia contra el alcalde y el secretario municipal de ese Concello", recalca el representante del colectivo, que aporta como dirección, "a efectos de notificaciones", una casa de la localidad castellana de Illescas, en Toledo.

El regidor cangués, Xosé Manuel Pazos, ya respondió en otras ocasiones que su cometido no es dar o retirar licencias, pues se trata de un procedimiento reglado en el que su papel se limita a analizar y rubricar las propuestas de los técnicos municipales. En este caso, son los servicios jurídicos los que deben valorar las demandas y determinar si procede mantener la suspensión de licencias o levantarla.