Más de cuatro décadas sin mantenimiento desde su construcción han convertido la polémica Rúa Otero Pedrayo de Nigrán en "la calle de las caídas" para muchos vecinos. Son decenas las denuncias presentadas por parte de peatones lesionados en accidentes al tropezarse en los baches de sus deterioradas aceras y miles de euros los que la Administración ha tenido que abonarles en concepto de indemnización. Así lo asegura el gobierno municipal, que otorga "máxima prioridade" a la reparación del vial de titularidad autonómica y no se plantea acabar el mandato que acaba de empezar sin lograrlo. El alcalde, Juan González, se comprometió ayer a afrontar desde el Concello la inversión, cifrada en 634.000 euros, si la Xunta vuelve a negarse.

Lo hizo tras anunciar un ultimátum al Ejecutivo autonómico para que desbloquee "a situación calamitosa" de la calle, una de las más transitadas del centro urbano, que conecta las dos principales arterias del municipio, la Avenida Val Miñor (PO-552) y la carretera por la vía (PO-325). Una de las primeras gestiones del regidor tras tomar posesión el pasado 15 de junio fue solicitar oficialmente una reunión con representantes de la Axencia Galega de Infraestruturas "para estudar a fórmula que permita urbanizar Otero Pedrayo". "O adecuado é que a Xunta se faga cargo, pero se non o fan eles farémolo nós. Levamos anos pedíndolles un convenio para que cedan a titularidade da rúa ao Concello despois de reparala. Pero a Xunta non invirte en Nigrán, así que teremos que asumilo desde o Concello", explica.

La consellería no la prevé

Todavía no ha recibido respuesta, aunque fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a la que pertenece el citado departamento, aseguraron ayer que el encuentro se producirá en cuanto sea posible. Las mismas fuentes aseguran que la reforma de Otero Pedrayo no está en la agenda porque la prioridad para la consellería es la seguridad vial, por eso ha invertido en las sendas peatonales y ciclistas en los últimos años y afronta ahora la eliminación de puntos negros de accidentes tanto en la carretera A Ramallosa-Gondomar (PO-340) como en la que une el municipio con Baiona.

El Ayuntamiento nigranés lleva años reclamando esta obra al Gobierno autonómico, con solicitudes acompañadas de acuerdos plenarios unánimes desde 2016 e incluso de un anteproyecto encargado en 2017, que fijaba su coste en 634.000 euros.

No sería la primera vez que el Concello nigranés se hace cargo de obras en infraestructuras que no le pertenecen. La Rúa Mariñeiro de Panxón también es autonómica, aunque está considerada urbana, de manera que la inversión por parte del Ayuntamiento contó con la autorización tanto del secretario municipal como del interventor. Aunque resulta urbana en la práctica, Otero Pedrayo no lo es oficialmente, por eso los mismos técnicos jurídicos y económicos se oponen a que sea la Administración municipal la que asuma el proyecto. Pero el regidor lo tiene claro. "Levanteremos os reparos se fai falla. Son moitas as queixas veciñais e non podemos consentir máis unha rúa nese estado", recalca.