Desde el punto de vista de los concellos, el mayor problema a la hora de cumplir con la Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais no es la aprobación de los planes, sino el control de las franjas de protección en torno a los núcleos habitados. La falta de personal impide abarcar las ingentes inspecciones necesarias, tramitar los cientos de expedientes y notificar los correspondientes requerimientos a los titulares de terrenos. En casos como el de Gondomar, con una extensión de 74,5 kilómetros cuadrados y un importante porcentaje de propietarios emigrados imposibles de localizar, resulta imposible llevar al día estos asuntos.
Por eso, los municipios actúan en prácticamente la totalidad de los casos cuando se presenta una denuncia. Lo hacen de oficio en situaciones muy sangrantes, según explican los técnicos de los departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo, que acumulan cientos de expedientes abiertos por fincas sin limpiar y por perímetros de seguridad sin talar. En Gondomar son más de doscientos los que están en trámite y en Nigrán se acercan a los trescientos. Cifras similares a las que manejan el las oficinas municipales de Baiona.
