El Concello de Gondomar tendrá que aceptar la polémica estación de bombeo que la Xunta planea desde hace casi cinco años a orillas del río Miñor, en pleno centro urbano, para completar la red de saneamiento municipal, mejorar la eficacia de la depuradora y reducir la contaminación que su deficiente funcionamiento provoca en el espacio protegido del estuario de A Foz. El Ayuntamiento ha perdido definitivamente el proceso judicial iniciado por la Xunta contra la paralización de las obras. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón a Augas de Galicia y anula la orden municipal que bloqueó los trabajos a finales de 2015, además de condenar a la Administración municipal a abonar las costas judiciales, un máximo de 1.000 euros.

El fallo, emitido en marzo, es ya firme desde hace unos días al no recurrirlo el gobierno municipal en el plazo que fijaba la sala. Tras ganar el pleito, Augas de Galicia tiene un año para presentar la correspondiente reclamación patrimonial, también por la vía judicial, por los perjuicios causados. Su departamento jurídico ya la está preparando, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Todavía no está definida la cantidad que el organismo reclamará en los juzgados al Concello, pero rondará los dos millones de euros, según señalaron las mismas fuentes. Por el momento, la estimación inicial de los costes del bloqueo del Concello a las obras superan los 180.000 euros. Una cifra que resulta de la suma de los 68.926,94 euros abonados al contratista en concepto de indemnización legal por extinción anticipada del contrato, los 71.303,05 pagados también a la empresa adjudicataria de los trabajos en concepto de daños y perjuicios derivados de la suspensión del mismo y los 43.149,31 del importe de la ayuda europea perdida por no haber concluido la obra en el plazo establecido.

A ese montante, destacan desde el Ejecutivo gallego, habrá que añadir el sobrecoste de la explotación de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), la inversión para retomar el proyecto y sacarlo de nuevo a concurso, esta vez ya sin fondos europeos, los intereses. Y es que Augas insistirá en llevar a cabo la obra, dado que la considera necesaria para tratar de frenar la contaminación en A Foz, cerrada al marisqueo desde hace más de una década precisamente por ese problema. Diversos informes técnicos, incluso de la Unión Europea, apuntan a la depuradora gondomareña como principal causante de los vertidos fecales.

La sentencia del TSXG confirma otra anterior ya desfavorable para el Concello, la que emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo de hace dos años. El pleito arrancó a finales de 2015, cuando Augas interpuso el recurso contencioso contra la orden de paralización de las obras, firmada por el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, portavoz de Manifesto Miñor, para detener los trabajos al carecer de licencia, tal y como certificaban los técnicos municipales.

Tanto el fallo anterior como el más reciente niegan la necesidad de que el proyecto necesitase autorización municipal por su interés público y supramunicipal.