Las 122 viviendas de la mayor urbanización de Panxón, conocida como SAU-3 y ubicada en el barrio de Area Alta, siguen sin licencia de primera ocupación al cumplirse veinte años desde su construcción. Hartos de la situación que les impide acceder de forma legal a servicios básicos como el abastecimiento de agua o el saneamiento y disponer de viales y aceras totalmente terminados, sus propietarios se han puesto en marcha para tratar de legalizar al fin su situación y poner fin al conflicto urbanístico. En una reciente reunión, los asistentes, en torno al sesenta por ciento de la totalidad de los titulares de los pisos y chalés, acordaron celebrar una asamblea para retomar la junta de compensación. Será el próximo día 4 de mayo, sábado, a las 11.30 en el local de la asociación de vecinos de la parroquia, ubicada en A Porqueira.
El encuentro que convoca el delegado de mayor edad, José Manuel Cotilla González, servirá para renovar la directiva y para iniciar gestiones frente al Concello para lograr que recepcione las obras "de una vez por todas" y puedan solicitar al fin sus licencias. Así lo explica el administrador de fincas que coordina la operación, Horacio Alejos.
La solución al problema no será fácil ni rápida. Hace seis años que el Concello de Nigrán trata de resolver el problema pero aún no lo ha logrado. El gobierno popular inició el proceso para confiscar el aval depositado por la constructora, Promociones de Obra Inmobiliaria Maconfre S.L. Habían pasado quince años desde la construcción y ni las obras estaban concluidas ni se ajustaban en su totalidad al proyecto aprobado. Así que los entonces dirigentes municipales decidieron quedarse con el dinero que la compañía había reservado como garantía.
El asunto llegó a la vía judicial y en 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo daba la razón al Ayuntamiento y le permitía quedarse con los 821.099 euros para terminar los trabajos. El actual gobierno socialista trataba de iniciar entonces la primera fase el proyecto de urbanización diseñado por sus antecesores, centrada en reparar las conexiones de servicios como el saneamiento y abastecimiento, explica el concejal de Urbanismo, Diego García Moreira. Pero no fue posible porque "o deterioro das instalacións era moito maior do que esperabamos e os traballos necesarios, moito máis custosos do que criamos", argumenta el edil.
Paralelamente, el Banco Pastor, entidad donde la promotora había depositado el dinero, recurrió la sentencia, de manera que el cobro quedó paralizado y Concello todavía no dispone del dinero.
Tras esa primera fase inacabada del proyecto para regularizar la urbanización, está prevista una segunda que tratará de completar viales y adecuar los retranqueos y rasantes. La tercera supondrá la creación de zonas verdes. Pero sin fondos, los trabajos se retrasarán años.
