Los cerca de cuarenta percebeiros a flote de Baiona que han llevado a la Xunta a los tribunales por imponerles un total de 64 sanciones económicas de entre 150 y 1.800 euros en los últimos dos años van ganando por goleada. Suman ya una veintena de sentencias a su favor que anulan las multas de la Consellería do Mar por faenar a pie en jornadas de condiciones meteorológicas adversas, cuando el plan de explotación los obligaba a trabajar únicamente a bordo de sus embarcaciones. La cascada de pleitos que iniciaron en noviembre llegó ayer a su ecuador con otros once juicios en el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Vigo y, hasta ahora, todos los fallos les han dado la razón y han condenado a la Administración autonómica a correr con los gastos judiciales.

Los argumentos son similares en todas las resoluciones de los magistrados: falta de pruebas, vulneración de derechos como el de presunción de inocencia que recoge el artículo 24-2 de la Constitución o cuestionamiento de la credibilidad de los vigilantes de la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona, entre otros.

Los juicios de ayer abordaron las primeras once sanciones, todas ellas de 150 euros, de la oleada impuesta por la Administración a los mariscadores tras desatarse el conflicto en el pósito baionés. Correspondían a supuestas infracciones cometidas entre noviembre de 2016 y abril de 2017, justo después de desatarse los enfrentamientos entre la mayoría del sector de a flote y la directiva del pósito.

Además de los once percebeiros demandantes, declararon varios compañeros como testigos y un perito de parte, capitán de la marina mercante y comisario de averías, que insistió en los riesgos que supone extraer percebe a bordo de un barco con olas de más de dos metros. Por la parte demandada, la Administración, no acudió esta vez ningún testigo y los juicios quedaron finalmente vistos para sentencia.

Ahora quedan otra treintena de vistas señaladas hasta mayo, según indicó ayer el representante legal de los percebeiros, Alberto Muñoz, abogado de la Asociación de Profesionales Autónomos del Mar, Alberto Muñoz. Y el letrado confía en que los resultados sean favorables como hasta ahora.

Tienen pendientes asimismo juicios por otras cuestiones como la impugnación de las cuentas de la Cofradía de 2016 y por la puesta en marcha de dos planes de explotación diferentes para el sector de a pie y a flote que también han recurrido. Barajan incluso querellarse por la vía penal contra la Xunta por prevaricación, al considerar que presuntamente dejó caducar un expediente sancionador contra la Cofradía por guardar percebe ilegal en la cámara de la lonja para evitar sancionarla e impedirle el acceso a subvenciones, explica el letrado.