Se acerca la temporada alta de furanchos y los de la comarca miñorana, todos ellos ubicados en el municipio de Gondomar, se enfrentan por primera vez a una campaña de control por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local para garantizar que cumplan la normativa. Los agentes visitarán cada uno de los establecimientos a partir de este fin de semana para supervisar si disponen de autorización municipal y si se restringen a la oferta de productos que les permiten la ley autonómica y la ordenanza municipal: el excedente del vino elaborado por sus dueños para consumo propio, agua y un total de cinco tapas a elegir entre un catálogo de once.

Así lo acordaron representantes de las fuerzas de seguridad, del gobierno municipal y de la Asociación de Empresarios do Val Miñor (OValmi) en una reunión convocada por el alcalde, Francisco Ferreira, tras años de quejas de los hosteleros locales por "competencia desleal".

El municipio gondomareño es el único que dispone de normativa propia al respecto y de un registro oficial de furanchos. Fue aprobada en pleno hace cinco años precisamente para evitar el intrusismo y, además de regular la carta de los locales, establece su actividad durante un máximo de tres meses entre el 1 de diciembre y el 31 de julio y les impide cualquier tipo de publicidad.

El departamento municipal de Urbanismo ha concedido este año cuatro licencias de furancho, tres de ellos están abiertos y el cuarto arrancará este viernes. Otros cuatro han solicitado permiso y todavía pueden hacerlo más negocios hasta el verano, según señala el regidor. Ferreira asegura que "polo xeral todos cumpren coa ordenanza, pero termos constancia de que algún non o fai, así que actuaremos en apoio aos empresarios de OValmi".

En este sentido, el alcalde asegura que uno de los establecimientos en marcha tendrá que cerrar sus puertas porque no se le concederá la autorización, dado que "coloca anuncios de cocidos na carretera e nas redes sociais e mesmo hai denuncias de que organiza banquetes concertados".

Actividades que "dejan en desventaja a bares y restaurantes dados de alta que pagan sus impuestos en la zona", según José Ángel González Goce, vicepresidente y portavoz de hostelería de OValmi. El representante empresarial anima a los negocios que ofrecen estos servicios no permitidos a "abrir legalmente como restaurantes y asumir los gastos que eso conlleva" . "Sabemos que la mayoría de los furanchos sí se ciñen a lo que les permite la ley y que son solo casos puntuales los que la incumplen", recalca, pero celebra que "tras años de reivindicaciónes por fin alguna Administración nos apoye".

Para avisar a los propietarios de la campaña, el Concello les enviará estos días circulares en las que les explica los puntos básicos de la normativa y les advierte de multas de entre 300 y 10.000 euros, según la gravedad de la infracción.