Dos meses después de que la Inspección del Trabajo obligase al Concello de Baiona a abonar la diferencia salarial de 38 eventuales contratados a través de las subvenciones de la Diputación del año pasado respecto al resto de la plantilla, todavía no han cobrado. No lo han hecho porque el Ayuntamiento ha recurrido la resolución, según indicó ayer el alcalde, Ángel Rodal. Por eso, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha puesto en marcha una cascada de demandas ante los juzgados, una por cada uno de los afectados, según informó ayer el sindicato.
Su retribución mensual asciende a 801,31 euros. La misma para todos ellos, incorporados para ocupar puestos como operarios de obra pública, limpieza viaria, jardinería y como técnico de turismo, con contratos de 3 a 9 meses de duración. El Concello les abona las cantidades que recibe por parte de la institución provincial, sin complementar las cuantías hasta igualar sus salarios al resto del personal fijo en categorías equiparables, cuyos sueldos suman entre 300 y 900 euros más al mes.
El sindicato insiste en exigir al regidor y a su equipo a abonar estas cantidades a los trabajadores, que estiman en 90.000 euros, "antes de que se celebren los juicios por el coste que supondrían a las arcas municipales" , que calcula en 60.000 euros más.
El regidor observa "inquina" de UGT hacia el Concello de Baiona "porque ninguno de los ayuntamientos del entorno equipara los salarios de estos trabajadores con el resto de la plantilla y solo actúan con nosotros" y sospecha que "pueda deberse a que su delegado sindical haya perdido los últimos pleitos", en referencia a que se trata de uno de los funcionarios reubicados de puesto que recurrieron el presupuesto de 2017 ante los tribunales sin éxito.
