Los 35 taxistas de Ponteareas siguen esperando una solución por parte del Concello para amortizar, progresivamente, diez de las licencias que, como mínimo, sobran en un municipio que lleva ocho años consecutivos perdiendo población y se asienta por debajo de los 22.900 habitantes.

El gobierno local había consignado en el Presupuesto municipal de 2018 una partida de 36.000 euros para iniciar el proceso de amortización pero acabado ese ejercicio, no se llegó a realizar. Por eso, los taxistas piden al gobierno local que "no se pierdan" esos 36.000 euros prometidos para "aliviar" el sector y que para este año, reserve a mayores, y como mínimo, otros 36.000 euros, indican desde el sector en Ponteareas.

El presidente de la Asociación Profesional de Autoturismos de Ponteareas, Luis Álvarez, que integra a 22 de los taxistas, recuerda que el sector está igual que hace cuatro años, cuando, justo antes de las elecciones municipales todos los grupos políticos de entonces acordaron en pleno amortizar dos licencias por año para aliviar un sector saturado. "Han pasado cuatro años y todo sigue igual", aseguran.

Última reunión

"En la última reunión que mantuvimos con el alcalde y la concejal de Tráfico, el pasado otoño, nos dijeron que estaban estudiando la fórmula posible para amortizar las licencias, que sería mediante subvención o por oferta para que los taxistas interesados presentasen en sobre cerrado una cantidad" explica Álvarez, quien considera que "hay casos personales que son casi una cuestión de humanidad y no sabemos nada nuevo".

En el pasado, la ratio estaba fijada en 1 taxi por cada 1.000 habitantes pero desde Europa, teniendo en cuenta que la flota de vehículos privados ha aumentado, se recomienda 1 taxi por cada 1.500 habitantes, "así que en Ponteareas sobran más de diez taxis para que podamos vivir dignamente de esta profesión" señala Álvarez.

Los taxistas aseguran tener que hacer jornadas de más de doce horas para poder llegar a fin de mes, además de verse afectados por el intrusismo. Asimismo, se sienten molestos con el gobierno local por no haberles consultado el proyecto de reforma de la plaza de Bugallal, que obligará a reubicarlos en una calle próxima.