La Consellería de Sanidade ha sancionado al Concello de Pazos de Borbén por infringir la legislación vigente sobre la calidad del agua de consumo humano. Concretamente, el expediente sancionador señala que se estaban incumpliendo medidas acerca de los protocolos de control, de la frecuencia de los muestreos y de las medidas correctoras y preventivas. El Ayuntamiento reconoció la responsabilidad, lo que le permitió reducir el importe de la multa.
Según explica el portavoz de la Agrupación de Electores Alternativa Veciñal, Luciano Otero, si bien el importe final de la sanción fue pequeño, 360 euros, "lo que sí que resulta preocupante es que la pésima gestión del alcalde [Andrés Iglesias] esté poniendo en riesgo la salud de personas. Pues si bien algunas de las infracciones son incumplimientos de trámites administrativos, otras dejan a la vista que la traída de agua municipal no estaba ofreciendo las garantías de salubridad precisas".
La inspección realizada detectó, entre otros defectos, falta de señalización y protección de las captaciones de agua, análisis incompletos y sin la frecuencia debida, ausencia de protocolos de limpieza y desinfección o incumplimientos de turbidez sin notificar ni confirmar. "Con estas deficiencias en el control no se puede garantizar la buena calidad del agua que se consume en los hogares conectados a la traída municipal", afirma.
Problema del laboratorio
Por su parte, el alcalde aclaró que la multa impuesta por Sanidade responde a un problema en el proceso administrativo de remisión de datos al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) por parte del laboratorio contratado para realizar los análisis en la red municipal de abastecimiento. "El problema fue que el laboratorio no remitió en tiempo y forma los resultados de la calidad del agua a la Consellería, que era una de sus obligaciones contractuales", indica Iglesias, que puntualiza que "debido a estas irregularidades finalizamos la relación con ese laboratorio".
El regidor asegura que "la calidad del agua siempre estuvo controlada y con todos los análisis pertinentes al día, sino fuera así la Consellería hubiera actuado, y lo único que hizo fue imponer una multa administrativa mínima de 360 euros por el problema en la remisión de datos por parte del laboratorio".
Por último, Iglesias acusó al portavoz de la oposición de irresponsabilidad "al intentar crear una alarma social infundada en un tema tan serio como el abastecimiento de agua". En su opinión, "un representante público no puede jugar con el miedo de los vecinos por intereses electorales".
