Las más de 50 multas impuestas por la Consellería do Mar a cerca de 40 percebeiros baioneses ocuparon ayer parte del debate en el Parlamento gallego. Ante la reciente sentencia judicial que anula la primera de las sanciones, la portavoz de Pesca del PSdeG, Loli Toja, instó al Gobierno autonómico a retirar las restante.

"A xustiza vén de darlle a razón a un dos sancionados acusando á Administración de menoscabar dereitos fundamentais", dijo la diputada socialista, que reclamó la anule las pendentes "diante dunha previsible choiva de sentenzas desfavorables".

La parlamentaria reclamó asimismo un estudio sobre las causas de la caída de la facturación de percebe este año y pidió al Ejecutivo gallego que escuche al sector, que "demanda vedas continuadas de como mínimo medio ano", y que ha reducido un 12% sus permisos de explotación, "pasando de 367 en 2011 a 324 en 2017".