El Concello de Ponteareas tiene actualmente y desde febrero de 2017 a un administrativo de categoría C1 como interventor accidental al no conseguir que un funcionario con habilitación nacional para el puesto ocupe la plaza del ayuntamiento ponteareano.
El gobierno local justifica el desinterés, durante años, por el puesto, por la baja remuneración asignada, en comparación con las retribuciones de otros ayuntamientos para el mismo cargo. Por eso, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada el mes pasado, el Concello incrementó el salario de este puesto 26.000 euros anuales, pasando de una retribución de 57.000 a 78.000 euros al año.
En estos momentos el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene abierta la convocatoria para habilitar nuevos interventores y el gobierno ponteareano confía en que alguno de los funcionarios de esta escala resultantes del proceso elija Ponteareas para ejercer.
Mientras, el Concello gobernado por BNG, PSOE y A Riada do Tea seguirá valiéndose de un administrativo para autorizar y fiscalizar la gestiones del gobierno local. Este mismo trabajador municipal ya ejerció como interventor durante el gobierno del Partido Popular.
El PP presentó alegación a los presupuestos de 2018 y a la cuenta general del 2107 argumentando que los informes del interventor accidental del Concello no tenían validez al no estar habilitado para esas competencias.
Sin embargo, el secretario del Concello emitió un informe al respecto aclarando que la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia le había otorgado el nombramiento accidental en el puesto de intervención a este trabajador mediante resolución el 23 de marzo de 2017, el 7 de agosto de 2017 y el 11 de agosto de 2017, sin restricción alguna.
En defensa de su capacitación para el puesto, el concejal de Facenda, el nacionalista Francisco Alonso, destaca que este funcionario que ejerce en la actualidad de interventor accidental "desarrolló sus funciones en la mayor parte del tiempo de su carrera profesional en los departamentos de Intervención y Tesorería" y recuerda que ya anteriormente con los gobiernos del PP había desempeñado de manera accidental el puesto de interventor, en alguna ocasión, en los años 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013.
El PP no duda que este funcionario sea "un gran trabajador" pero cree que le falta capacitación. "Solicitamos un informe del interventor porque el alcalde aprobó en 2018, vía decreto, un gasto para el pago de facturas de 2017 por valor de más de 700.000 euros y eso tiene que autorizarlo el pleno, pero el interventor no dice nada, y así con todas las irregularidades que advertimos," ejemplarizó la edil del PP, Belén Villar.
