La dimisión de Beatriz González dejó el lunes al PP en minoría en la Corporación municipal de Baiona y el gobierno local decidió ayer aplazar el debate presupuestario previsto para hoy con el fin de asegurarse la mayoría que le permita sacar adelante las cuentas de 2019, año electoral. Los populares consideran que la edil abandonó el equipo de gobierno por el inminente cese de su hermana como jefa de prensa del Ayuntamiento y por eso presuponen que votará en contra de los presupuestos, que amortizan precisamente esa plaza. Así que la maniobra para lograr darles luz verde consiste en vetarla en la votación. Su ausencia generará un empate con la oposición y solo el voto de calidad del alcalde puede inclinar la balanza a su favor.

A menos de 24 horas de la sesión que iba a celebrarse hoy a las 12.00, el grupo municipal del PP presentó un recurso de recusación contra González, para evitar que emita su voto sobre los presupuestos del próximo año. El principal argumento de los populares es precisamente su "interés personal" en el asunto. Aluden al artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece el deber de abstenerse de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones en supuestos como "tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados".

A primera hora de la tarde, el alcalde, Ángel Rodal, anunció la suspensión del pleno "para cumplir con la legalidad vigente con los plazos que marcan las administraciones". Es él mismo el que debe resolver el expediente de recusación formulado por su grupo. Y debe hacerlo en cuestión de días.

El recurso de recusación debe ser notificado hoy mismo a la concejala afectada, que tiene un plazo de 24 horas para formular alegaciones al respecto. A continuación, la secretaria municipal deberá informar al respecto y, a partir de ahí, será Rodal el que resuelva y fije una nueva fecha para la sesión plenaria. Lo hará la próxima semana, según los cálculos que realizaba ayer. "Tenemos tres días para contestar y otros tres días para convocar otra vez el pleno", explicó.

El regidor, que insiste en que el retraso solo pretende "garantizar que el procedimiento sea totalmente legal" , entiende que el conflicto de intereses que debe apartar a Beatriz González de la votación "no tiene nada que ver" con la situación de otros miembros del gobierno como la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Medio Ambiente, María Iglesias, casada con un policía local y sobrina de un trabajador del museo flotante de la carabela "La Pinta". "Una cosa es un tema genérico como que se suba el sueldo de toda la plantilla municipal el 2,25% que corresponde al IPC y otra cosa es un tema específico como el de la amortización de una plaza concreta que ocupa un familiar directo", argumentó. Como ejemplo, cita a la exconcejala de Urbanismo Ana Simons , "que se ausentó en varias ocasiones cuando se votaban asuntos relacionados con negocios de su familia", en referencia a los expedientes a la discoteca Villa Rosa.