El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra viene de emitir una sentencia en la que condena al Concello de Porriño a abonar a la actual empresa que se encarga del mantenimiento de los campos de fútbol municipales el importe de 11.469,77 euros más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación y las costas. "Se trata de dos facturas no conformadas por el concejal de Deportes y con ausencia de contrato, según se indica sobre las mismas, que dicha empresa presentó cuando ya se extinguiera su contrato con el Concello", explica el presidente del PP de Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo. El líder de los populares apunta que "esta, con fecha del pasado 26 de octubre, será la primera sentencia de otras muchas ya que existe un montante total de 2,7 millones de euros en facturas no conformadas y sin reconocer, cuyas empresas se están viendo obligadas a reclamar a través de la vía judicial para así poder cobrarlas".

"De estafa", así fue como ha calificado la situación Lorenzo. "No puede ser que se le diga a una empresa o autónomo que ejecute una obra o preste un servicio, se confirme y reconozca que así se hizo y que luego en el momento de que se presente la factura esta sea rechazada sin más y no se pague".

Estas dos facturas son parte de las que aparecieron con tachones y borradas con corrector pasando de estar conformadas a no conformadas y, consecuentemente, están sin fiscalizar. Ante esta situación, el concejal de Deportes, Manuel Carrera, indica que "para mí un tachón no invalida la factura, yo he conformado las facturas", e insiste en que "no sé por qué luego aparece tachado ni quien lo ha hecho".

En este caso concreto, del mantenimiento de los campos de fútbol, la empresa demandante había rematado el contrato en marzo de 2017 y siguió prestando el servicio unos meses más hasta que vio que no le abonaban las facturas, objeto de la denuncia. Entonces, el Concello hizo un contrato menor de 3 meses con otra empresa para que continuase con la labor. En la sentencia se expone que "tras varios requerimientos verbales, obteniendo por parte del Concello la respuesta de que carecían de partida presupuestaria, se tuvo conocimiento que tras cesar en los trabajos al demandante, se había contratado a otra empresa cuyos trabajos sí estaban siendo abonados".

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Carrera, explica que se le ofreció a dicha empresa "la realización de un contrato puente mientras no se resolviese el proceso de licitación, que se dilató en el tiempo por problemas de Intervención, y esta se negó por lo que nos vimos en la obligación de contratar a otra empresa porque el servicio no podía dejar de prestarse". Con todo, Carrera, señala que este proceso judicial "no es algo extraordinario, ya durante la pasada legislatura varias empresas acudieron al contencioso para reclamar el pago de facturas. Siempre que no conformé alguna factura existía una causa, todo tiene una justificación. Y respecto de la prestación de servicio sin contrato, esta misma empresa ya lo estuvo en la anterior legislatura cuando entonces era concejal de Deportes Alejandro Lorenzo".

Por otra parte, el PP critica que esa misma empresa "que se contrató a dedo" para seguir haciendo el mantenimiento de los campos de fútbol "tampoco llegó a cobrar todas las facturas" y que "tras finalizar los tres meses por los que se formalizó el contrato continuó prestando el servicio hasta abril de este año que fue cuando se llevó a cabo la licitación". En este sentido, los populares señalan que justamente esta empresa se presentó a dicho concurso del que fue rechazada "porque su objeto social no coincidía con el del servicio a prestar". Con todo, ha sido la empresa demandante en esta causa y la que ya prestaba el servicio con anterioridad la adjudicataria.

El PP denuncia además lo que ya el secretario expone en su informe respecto de las facturas reparadas, que ante la reclamación vía judicial civil o contenciosa de una de estas empresas, si la sentencia es favorable, el concejal ordenador del gasto incurre en un claro supuesto de responsabilidad patrimonial, por lo que tendría que asumir personalmente los gastos derivados de interese y costas judiciales.