La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui, Inés Nicolás Herrero, encargada de la investigación por la explosión de material pirotécnico del 23 de mayo en Tui, ha denegado la personación del Concello de Tui como acusación particular por la explosión, tal y como solicitó el pleno de la Corporación.

La juez valora en su auto que "habida cuenta de la existencia de expedientes administrativos incoados en el Concello de Tui entorno a la legalización de la empresa pirotécnica La Gallega, así como de resoluciones administrativas procedentes de juzgados de lo Contencioso administrativo, en cuyo seno podría tener cierto papel el Concello de Tui, se considera prematuro la admisión como acusación particular del Concello de Tui por si de los hechos investigados en la presente instrucción pudiera derivarse alguna eventual responsabilidad, ya sea civil o penal, por parte de la mencionada administración".

La magistrada añade sin embargo que la resolución no es definitiva "y si avanzada la instrucción, antes de la calificación del delito, se concluye que al Concello de Tui no le puede ser exigible responsabilidad alguna", no habría ya impedimento para ser admitido como acusación particular.

En la causa están personados o pendiente de ser admitida la personación cerca 68 personas físicas y jurídicas, entre ellas tres compañías de seguros. Numerosos afectados lo hicieron ya y otros están pendientes de solicitarlo.

Delegado del Gobierno

Por otra parte, el alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, se reunirá hoy con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para abordar cuestiones previas relacionadas con la solicitud de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) en el territorio de Paramos perjudicado por la explosión del pasado 23 de mayo.

El regidor tudense expondrá ante Javier Losada las principales peticiones del Concello al Gobierno central, las cuales ya trasladó por carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Entre las solicitudes figuran: que el Gobierno central asuma la financiación y la contratación del desescombro y que se complementen las ayudas de la Xunta de Galicia, a través del IGVS, tanto para los afectados que tienen seguro como para los que no, y tanto para primeras como para segundas viviendas. La tercera petición se refiere a la exención del pago del impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI) y de la tributación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas para los afectados cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables.