Cuarenta y un días después de que una explosión de material pirotécnico almacenado clandestinamente en una nave matase a dos personas y destruyera por completo 31 viviendas en la parroquia tudense de Paramos, ayer comenzaron los trabajos de retirada de amianto y forjados en la "zona cero" de la catástrofe, territorio que abarca una superficie de casi cinco hectáreas. Así lo autorizó la jueza el pasado viernes, permitiendo a la empresa contratada por el Concello de Tui proceder al desescombro en el barrio de A Torre, unos trabajos que, según el gerente urbanístico encargado de la gestión de la zona afectada, Rubén Vázquez, se prolongarán durante tres meses.
En la tarde de ayer, un retroexcavadora y tres pinzas de demolición trabajaban en una casa contigua a donde se produjo el estallido. No obstante, en los lugares menos afectados por la explosión las labores de desamiantado ya se iniciaron hace diez días, período de tiempo en el cual ya se han recogido 24 toneladas de amianto que ya se encuentran encapsuladas. "Calculamos que se recogerán en total 200 toneladas de amianto; es una sustancia altamente contaminante que debe ser recopilada manualmente y con unos trajes especiales para evitar problemas de salud", explicó Rubén Vázquez, quien también aclaró que el trabajo es lento porque los operarios solo pueden estar cuatro horas al día expuestos a dicho material.
Además de la retirada de uralita y de otros materiales contaminantes, también se está procediendo a la eliminación de escombros de cubiertas derribadas sobre forjados y electrodomésticos, así como a la demolición de aquellas estructuras que corren riesgo de desplome.
"Por fin empezamos a ver movimiento real en la zona más afectada", declaró el alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, quien también recordó que la obra fue adjudicada por vía de emergencia, por valor de cerca de 350.000 euros.
Peritajes en la "zona cero"
Esta liberación de la "zona cero" es "un avance muy importante", según Salvador García, presidente de la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei. "Pronto se podrá informar a los vecinos de cuál es la situación urbanística que les compete para que puedan valorar qué decisión tomar al respeto, si reconstruir esa vivienda o cobrar el dinero para invertirlo en otro sitio", explicó García. En relación a estas palabras, cabe destacar que ayer, en una de las viviendas localizados en el territorio más afectado, un grupo de técnicos se encontraba peritando los daños de dicho edificio.
Además de las 31 viviendas completamente arrasadas en la "zona cero", la detonación del pasado 23 de mayo también acabó con la vida de un matrimonio, dejó 86 casas con graves problemas en su estructura y otras 311 con otros deterioros y dañó 66 vehículos.
