La jueza del Juzgado de Instrucción número dos de Porriño María del Mar Pais Bonamusa acordó incoar nuevas diligencias penales por la contratación directa de servicios de limpieza viaria, en este caso contra al alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, y su concejal de Parques y Jardines, Orlando Márquez. Se investiga una supuesta prevaricación administrativa por las contrataciones de desbroces que superan los 2,2 millones de euros. Además acordó acumular las nuevas diligencias con la anterior investigación que el Juzgado desarrollaba desde el año pasado.
La apertura de estas nuevas diligencias parte de la declaración en Fiscalía de la alcaldesa de Porriño en el pasado mes de febrero. Esta declaración se realizó después de una ampliación de denuncia por parte del PP y del ex alcalde de Porriño, Nelson Santos. Los populares ya habían formulado ante fiscalía la primera de las denuncias.
Aún a pesar de la incoación y según ha podido conocer FARO de fuentes jurídicas, la jueza no ha llamado a declarar ni a la alcaldesa ni a su concejal, esperando aclarar algunos aspectos de la investigación, y esto piensa hacerlo en el mes de agosto. Así citará a declarar en primer lugar al ex alcalde Nelson Santos -alejado ahora de la actividad política- y al presidente del PP local, Alejandro Lorenzo, con el objeto de que se ratifiquen en la denuncia. Así mismo deberán declarar dos responsables del servicio como testigos, al igual que el secretario e interventor, que además deben ejercer como peritos.
La propia alcaldesa y el secretario serán requeridos en los próximos días para aportar una serie de documentación a la causa. Eva García de la Torre ya había llevado a Fiscalía un amplio dossier con un índice, pero el fiscal se percató que algunos documentos del mismo no estaban, por esa razón ahora deberá aportarlos.
En el informe de Fiscalía se resume la declaración de la alcaldesa del pasado 22 de febrero, indicando que la regidora justifica haber acudido al sistema de contratación menor para la prestación del servicio de limpieza viaria, por ser un servicio de prestación obligatoria y en la falta de otro sistema para prestarlo dado que el Concello carecía de personal propio para realizarlo, y no podía seguir prestándolo por el sistema de colaboración social, como se había hecho hasta marzo de 2016 ni a través de la contratación temporal mediante planes municipales de empleo, ya que había varias sentencias del Juzgado de lo Social que tachaban de fraudulenta dicha forma de contratación. También indicó que estaba al tanto de que el sistema de contratación menor no era el adecuado pero hubo dificultades para licitar el servicio por procedimiento abierto.
Es de destacar que Fiscalía envía los hechos al Juzgado, teniendo en cuenta que son una ampliación de los enviados en 2017, y por haber agotado el plazo que dispone el fiscal para investigar los hechos (seis meses), estando pendientes de practicar algunas de las diligencias acordadas, como obtener copias de facturas y expedientes de las contrataciones.
