El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, comparecerá mañana jueves ante el fiscal para responder por los supuestos cobros indebidos que el grupo municipal de Gondomar Concello Aberto (CABE) denunció en marzo. La Fiscalía de Vigo lo ha citado en el marco de las diligencias de investigación abiertas para determinar si existe algún delito en relación con las percepciones que recibe aparte de su salario de 38.880 euros brutos al año. El regidor manifestó ayer que acudirá "encantado" a prestar declaración ante el ministerio público "para desmentir as acusacións por parte de Pauliño del Río, que son infundadas, como decir que pasei un número de kilómetros cando non é certo".
El aludido, portavoz de CABE, anunció hace tres meses la denuncia ante el fiscal de las presuntas irregularidades en los cobros de Ferreira. Del Río trasladó a la Fiscalía documentación sobre las cantidades abonadas al alcalde en concepto de kilometraje por desplazamientos dentro del término municipal y también sobre los viajes fuera de Gondomar sin justificación. Según argumentaba el edil de la oposición, dichos cobros no se ajustaban a la legalidad porque la normativa municipal prohíbe los correspondientes a los traslados en el territorio gondomarés y porque los informes del departamento de Intervención censuran numerosos gastos reclamados por el regidor cuando se desplaza fuera, por no estar debidamente acreditados.
Del Río trasladó al ministerio fiscal las acusaciones hacia el alcalde socialista que sus propios socios de gobierno de Manifesto Miñor le habían formulado días antes a través de una carta, en la que lo instaban a devolver las cantidades percibidas de manera indebida, de entre 190 y 285 euros cada mes por recorrer entre 1.000 y 1.500 kilómetros dentro del municipio, según enumeraba en sus listados. Le reprochaban así que levantase los reparos de la interventora municipal en beneficio propio, cada vez que la funcionaria cuestionaba sus hojas de gastos.
Pero la denuncia del portavoz de CABE no solo se centraba en las dietas, sino que hacía hincapié asimismo en el fondo de pensiones del que disponen los funcionarios del Concello desde 2006. Del Río aseguraba que Ferreira ordenó subir la aportación a su plan de jubilación un 500% entre finales de 2016 y principios de 2017.
La demanda incluye también documentos que evidencian que el regidor se benefició del fondo social destinado únicamente a funcionarios y trabajadores en activo para costear gastos médicos o educativos que no financia el sistema público, como gafas, ortodoncias, material escolar o clases particulares. Según Del Río, Ferreira recibió 1.200 euros de dicho fondo social en mayo de 2017, justo un mes antes de renunciar a su puesto de inspector de la Policía Local gondomaresa e incorporarse a la de Redondela y tras levantar otro reparo de la interventora que advertía de que no le correspondía ningún pago de este tipo por no estar ejerciendo su actividad de funcionario.
La Fiscalía admitió a trámite la denuncia y abrió diligencias. Y en el marco de la investigación, ha requerido documentación al Ayuntamiento y ha citado también a la interventora municipal, que ha prestado declaración en las últimas semanas. En cuanto el alcalde pase también por el despacho del fiscal y finalicen las pesquisas, el ministerio público determinará si existen indicios de delito o no en su forma de proceder y si archiva el caso, o bien presenta una querella ante el juzgado de instrucción correspondiente.
El alcalde se mostraba ayer "muy tranquilo" ante la citación del fiscal e insistía en atribuir la denuncia de CABE a su estrategia política un año de las elecciones municipales. "Son uns meses nos que se está xogando a difamar na Fiscalía", recalcó.
