Apenas queda una semana para que llegue el verano, dos para el arranque de la temporada de incendios, y el plazo otorgado por la Xunta para limpiar las fincas y talar los eucaliptos y acacias en una franja de 50 metros desde las casas ha quedado en papel quemado en la comarca miñorana. Los tres concellos suman cerca de 1.500 expedientes abiertos a propietarios de terrenos denunciados por vecinos por no haber seguido la normativa de prevención del fuego, endurecida este año por parte del Ejecutivo autonómico como consecuencia del desastre del pasado 15 de octubre.

Gondomar se lleva la palma y su departamento de Urbanismo amontona más de un millar de procesos sancionadores, la mayoría sin resolver por las dificultades para encontrar a los titulares de las parcelas y por el volumen de denuncias que registra. Según indica su responsable, Antonio Araúxo, una media de seis vecinos al día acuden a la oficina municipal para alertar del exceso de maleza en propiedades privadas desde hace dos años. El promedio ha crecido desde las medidas específicas anunciadas por el Gobierno gallego en noviembre.

Baiona suma más de 200 expedientes desde el inicio del año, algunos cerrados en positivo y la mayor parte aún en trámite. Es el primer ayuntamiento de la comarca que ha hecho uso esta misma semana de la facultad que la Xunta ha otorgado a las administraciones locales para limpiar o talar las propiedades de los infractores sin orden judicial, quince días después de publicarse el aviso en los boletines oficiales. El Concello pasará la factura después al propietario, según confirma la concejala de Medio Ambiente, María Iglesias.

En Nigrán, las cifras son menores. Según informa el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Diego García Moreira, en los últimos doce meses, su negociado ha tramitado un total de 176 procesos administrativos, 76 de ellos culminados tras acceder los dueños a realizar los trabajos. Cuatro están a punto de publicarse en el BOP, de manera que el Ayuntamiento ejecutará los desbroces o talas de forma subsidiaria, es decir, repercutiendo después los costes a los infractores. Otros cuatro se encuentran en trámite de búsqueda de los titulares y 71 en fase de alegaciones y comprobación. Los 21 restantes se hallan pendientes del marcado de las franjas de seguridad del arbolado.

La complicación de los trámites colapsa los departamentos municipales, al exigir inspección de los terrenos, búsqueda de propietarios, notificaciones de apercibimientos, recursos de los afectados con las correspondiente comprobaciones y respuestas y mediciones para fijar los cinturones verdes alrededor de las viviendas. Al menos los de Gondomar y Nigrán. Tanto Araúxo como García Moreira se quejan de que las medidas de la Xunta no van acompañadas de dotación económica o de personal para afrontar las tareas. Así lo ha denunciado también la Fegamp.

Desde Baiona, Iglesias aplaude, en cambio, "las facilidades" que proporciona a los ayuntamientos el hecho de poder irrumpir en una propiedad privada para garantizar la seguridad de los vecinos.