El ex alcalde de Porriño Nelson Santos y el ex concejal y teniente de alcalde José Manuel Jacobo han sido absueltos del delito continuado de prevaricación administrativa que se les imputaba, derivada del pago de 134 facturas de servicios prestados con reparos de intervención y la contratación de un ingeniero. Así lo ha decretado el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra a fecha 13 de junio de 2018, aunque no fue hasta ayer cuando los implicados tuvieron notificación de la sentencia. En ella, se recoge que "es innegable" que las contrataciones, por las que se presentaron dichas facturas, se hicieron al margen de la Ley de Contratos Públicos no siguiéndose el procedimiento establecido, pero a la vez el juez entiende que los hechos están justificados ante la imposibilidad, en ese momento, de que la administración local licitase dichos contratos, señalando además que no se aprecia "voluntad ni capricho" de los acusados por motivar tal irregularidad.

Los hechos por los que Santos y Jacobo fueron imputados abarcan desde el año 2010 a 2013, y por ello se iniciaron dos causas, esta, la principal, y una pieza separada, surgida a raíz de esta, la conocida como Operación Multiusos, que ya fue archivada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Porriño en marzo de 2017. Precisamente, poco tiempo después, en mayo del año pasado, al serle notificada la apertura de juicio oral, Santos dimitió de su cargo como concejal, estando ya en la oposición. El Ministerio Fiscal solicitaba para ambos la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El juicio se fijó en dos sesiones, el 22 de marzo y el 3 de abril de 2018 y esta semana ha salido la sentencia, contra la cual cabe aun la posibilidad de recurso de apelación.

Además de las declaraciones de ambos acusados, testificaron otras trece personas, entre ellos los representantes de las tres entidades jurídicas y la propia persona física emisores de las facturas, el ingeniero, el secretario y el interventor del Concello de Porriño, una funcionaria y el responsable de la empresa de consulting que realizó las gestiones para la licitación de los servicios municipales a partir de 2013.

En la sentencia, en la que se enumeran los procedimientos de contratación y facturas presentadas por A. M. Graña (32 facturas), Linco Porriño (43), Limantra (25), Abelmar (34) y se justifica la contratación del ingeniero R. A. L. en la necesidad de realizar tareas de asistencia técnica, gestión y tareas en relación con los servicios de saneamiento del ayuntamiento, se indica que la mecánica de actuación era similar en todos los casos: presentación de factura, reparo del interventor al pago y alzamiento del reparo por el alcalde.

Licitación de servicios

La sentencia recoge que es "razonable concluir la existencia de una duda sobre la posibilidad real de licitar todos los servicios municipales en un plazo de tiempo corto", pues frente a la versión del secretario municipal que entendía que sí era posible la licitación, asegurando "que había capacidad", existen otras, la del representante de la empresa contratada para realizar dichas licitaciones, la de la propia funcionaria encargada del negociado de contratación y la del interventor municipal que aseguran que "no era posible la licitación de todos los contratos".

El secretario expuso que fue a finales de 2013, después de las denuncias y de que el alcalde fuese imputado cuando este tomó la decisión de licitar todo, hasta entonces, testificó el secretario, que el alcalde decía que" no le veía sentido licitar pequeños servicios, que entendía que esos servicios debían de ser prestados por empresas que generasen empleo en Porriño". En este sentido también se manifestó el interventor, "siempre pretendió ser eficaz", dijo por Nelson Santos, "quería empresas de Porriño, que creasen empleo en Porriño".

La funcionaria señaló que trabaja en el Concello desde octubre de 2009 que entró para auxiliar a la Jefa de Negociado, persona que estaba de baja frecuentemente, y por ello no había nadie con conocimientos de contratación, algo que corrobora el representante de la empresa que realizó las gestiones para la licitación de los servicios municipales "no había prácticamente nada regularizado? había un técnico superior para cuestiones de personal pero para contratación no había personal cualificado. El ayuntamiento no tenía capacidad para hacer los pliegos". Asimismo dijo que con su intervención se licitó entre el 80 y 90% de los servicios. Una cuestión expuesta también por el interventor municipal que cuando se le preguntó sobre la capacidad del ayuntamiento para realizar licitaciones dijo "en mi opinión todo lo que había que licitar no? hay muchísimos pliegos".

El juez ha entendido que los acusados se hicieron con el cargo a través de una moción de censura "lo cual supone que no era posible cambiar la gestión municipal". Y destaca el hecho de que el negociado de contratación de un concello de 18.000 habitantes solo disponía de una persona, no cualificada para el puesto, para poder realizar todo el trámite, no siendo tampoco posible la contratación de nuevas personas por la Ley de Presupuestos del Estado de 2011, año en que hubo elecciones municipales "lo cual también paraliza la actividad municipal".