El Concello de Gondomar es también el único que ha impuesto multas a vecinos por saltarse la normativa. Una treintena en dos años, señala Araúxo, con cantidades variables que, según la regulación autonómica pueden llegar hasta los 3.000 euros. "Na maioría dos casos, cando chegamos ao extremo de avisar das multas, a xente reacciona e cumpre", aclara el concejal.
Nigrán y Baiona no han llegado todavía a esa situación, pero María Iglesias advierte de que los reincidentes serán sancionados. "Hay gente que ha sido requerida varias veces y no ha hecho caso. Tenemos que multar. Después de lo que pasó el 15 de octubre no estamos para tonterías", sentencia.
