La Xunta de Galicia ha pedido al Concello de Salvaterra más de 110.000 euros por el edificio de la Federación de Sociedades Agrarias de Salvaterra que fue embargado por Franco a la Sociedad Unión Progresista del Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos Aires, y que tras pertenecer al Estado llegó hasta la Xunta, tras ser vendido a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Salvaterra de Miño, que formaba parte del entramado institucional de la dictadura, y convertirse en Cámara Agraria Local.

El alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, señaló ayer que estuvo negociando con Medio Rural, propietario legal, y que existe un pre-acuerdo para firmar un convenio y pagar a plazos el inmueble para convertirlo en Casa da Música.

Un portavoz de la Asociación de Residentes de Salvaterra de Miño en Buenos Aires mostró a FARO su preocupación por el estado de abandono y ruina del emblemático edificio y exigió a las administraciones una solución urgente. Este colectivo bonaerense fue fundado el 14 de agosto de 1921 como Sociedad Unión Progresista del Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos Aires y tenía como objetivos organizar sindicatos agrarios en las parroquias de la localidad, crear cooperativas agrarias, organizar actos de formación para los labradores y construir un edificio para la sede de la Federación de Sindicatos y su cooperativa. Con las aportaciones económicas de sus socios, la Unión Progresista adquirió en 1925 un terreno en la villa de Salvaterra, iniciándose las obras de construcción del edificio en 1926.

Tras su inauguración en 1928 y hasta 1936 el inmueble acogió la cooperativa "La salvaterrense" y la sede de la Federación de Sindicatos y disponía de biblioteca y salón de actos. En él se celebraron numerosos actos políticos y agraristas.

Con el golpe de estado de julio de 1936 el edificio fue utilizado como cuartel militar. Los datos existentes en el Registro de la Propiedad de Ponteareas revelan que en 1937 el inmueble fue embargado para responder de una sanción de 60.000 pesetas impuesta por las autoridades sublevadas y en 1938 fue directamente incautado pasando a ser propiedad del Estado, inscribiéndose en 1941 a favor de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Después sería vendido a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Salvaterra de Miño, que formaba parte del entramado institucional de la dictadura. Con la llegada de la democracia, al extinguirse las Hermandades, la propiedad pasó a manos de la Cámara Agraria y en 1997, con la disolución de estas, la edificación se integró en el patrimonio de la Consellería de Medio Rural, propietaria actual.