La Asociación Gallega de Industriales Pirotécnicos (AGIP) reclama a las instituciones mejorar los controles sobre el lanzamiento de bombas de palenque en eventos parroquiales o fiestas menores, al margen de los que se comunican por los cauces legales, los cuales, defiende, ya están vigilados.
"La solución, más que inspeccionarnos a nosotros, es perseguir todo aquello que no le consta", ha explicado a Europa Press el abogado de la entidad, Pablo Abellón, quien ha recordado que es común cada fin de semana escuchar bombas de palenque en diferentes puntos a la vez.
"Es fácil de saber, si solo tienes cuatro comunicadas y escuchas diez, hay seis que no lo han notificado", ha esgrimido, al ser preguntado tras la explosión en Tui de un almacén irregular con material pirotécnico.
Así, ha explicado que, aunque no considera que haya un "mercado clandestino o negro", sí ha sugerido que hay "adquisición de material en algunos casos de fabricación por parte de personas que pudieron haber trabajado en otras pirotecnias y que ahora funcionan a nivel personal".
"Al no tener cobertura empresarial, lo que ocurre es que en algún sitio lo fabricarán y lo almacenarán; y se acaba utilizando porque esa adquisición se hace para básicamente fiestas de pueblo o en algunos casos para venta a particulares para celebraciones familiares y eventos", ha explicado.
"Vienen a inspeccionarnos porque notificamos"
El abogado de esta asociación ha incidido en que se hacen inspecciones, pero a las empresas que actúan de forma reglada. "Vienen a inspeccionarnos porque lo hemos notificado. Eso sí que lo inspeccionan", ha explicado el letrado, quien ha indicado que el protocolo implica el envío de diversa documentación al ayuntamiento donde se va a celebrar el espectáculo, al margen de que es obligatorio un seguro de responsabilidad civil y contar con personal experto y autorizado.
De hecho, ha explicado que el problema puede radicar en que el material esté "legalmente" fabricado, pero los fallos vengan en el transporte y almacenaje de los productos pirotécnicos. No en vano, ha recordado que se pueden comprar de forma legal hasta 10 kilos de materiales reglamentarios de cada vez.
Cinco años para adaptarse
El nuevo reglamento, que implica actuaciones relativas a los espacios de almacenamiento o de tratamiento de residuos, tiene un plazo de adaptación de cinco años que vence en 2020. "Desde la asociación estamos haciendo las actuaciones de adaptación", ha indicado, si bien ha explicado que tienen diferencias con la administración sobre alguna aplicación que se están intentando resolver.
